El 20 de agosto, durante la 23a edición del Consejo de las Americas en Buenos Aires, Javier Milei cerró su exposición ante la élite empresarial responsabilizando a los “pañuelitos verdes” y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por la baja de la natalidad, el freno al crecimiento y la crisis del sistema previsional. La fórmula es políticamente eficaz: reduce una tendencia demográfica global en un chivo expiatorio local.
Para quien lea esto desde fuera de Argentina: los “pañuelitos verdes” son los pañuelos que cuelgan del cuello de millones de mujeres argentinas desde hace más de dos décadas. Son el símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, un movimiento que tardó veinte años – veinte años de marchas, de debates, de pañuelos bordados en plazas – en conseguir que en 2020 Argentina sancionara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Llamar “locura” a ese proceso es, como mínimo, una elección de palabras. Pero la elección no es ingenua. En Argentina, a las mujeres que salieron a pedir por sus hijos desaparecidos también les dijeron “locas”. Las Madres de Plaza de Mayo caminaron en rondas bajo la dictadura mientras la sociedad les daba la espalda y los militares las trataban de alucinadas. La historia argentina tiene una relación larga y dolorosa con la palabra “loca”: se usa para descalificar a las mujeres que exigen lo impensable, y después el tiempo les da la razón.
Sin empleo registrado no hay solución previsional
La narrativa oficial apela a una preocupación real: en un sistema previsional de reparto, la contracción de la población activamente ocupada compromete la sostenibilidad de las jubilaciones futuras. Sin embargo, el argumento omite el factor estructural determinante: la precarización del mercado de trabajo.
Según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), la informalidad laboral alcanza al 43% del total de ocupados, y en el segmento joven supera el 65%. Es decir, casi siete de cada diez jóvenes trabajan sin aportes, estabilidad ni protección social. Un incremento en la natalidad bajo las condiciones del modelo libertario – que promueve la flexibilización y la desregulación laboral – no se traduce automáticamente en nuevos aportantes al sistema previsional, sino en la reproducción de trabajo informal. En efecto, el modelo económico actual destruye las bases materiales del sistema previsional existente.
Por otro lado, los datos demográficos demuestran que no es la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo la causa del descenso de la natalidad. De hecho, la tasa global de fecundidad en Argentina inició su descenso mucho antes de la sanción de la Ley IVE en 2020. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, los nacimientos cayeron en Argentina durante la última década hasta 1,2 hijos por mujer. Pero además, esta tendencia está lejos de ser un fenómeno local y atraviesa toda América Latina y Occidente, incluidos países con penalización estricta del aborto como El Salvador u Honduras. La causa común de esta dinámica no es la conquista de derechos reproductivos, sino la imposibilidad material de sostener proyectos familiares en contextos de ajuste, pérdida de poder adquisitivo y destrucción del empleo formal. Las agendas pronatalistas sin base material – como las ensayadas en su momento por regímenes conservadores en la región o en Europa del Este – han fracasado sistemáticamente en revertir el declive demográfico.
Las condiciones materiales para sostener la vida
El descenso acelerado de la natalidad se inscribe en un proceso complejo de transformaciones de larga duración, pero que en nuestra región se ha acelerado en la última década. La inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, el acceso a la educación y la ampliación de la autonomía económica suelen mencionarse como elementos que han reconfigurado profundamente las expectativas de vida y las preferencias reproductivas, posibilitando el aplazamiento de la maternidad.
Sin embargo, esta transición colisiona con barreras estructurales persistentes para las mujeres que dificultan la conciliación entre trabajo y vida afectiva, y que inciden en la decisión de postergar o limitar la maternidad. Estas barreras se refuerzan y expanden en tiempos de precariedad laboral y donde la intervención social del estado se desfinancia, transfiriendo a los hogares todas las actividades específicas de cuidar, acompañar y garantizar la sostenibilidad de la vida.
Esta transferencia implica de manera directa un incremento del tiempo reproductivo no remunerado. Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (INDEC), tres cuartas partes de la infraestructura invisible que sostiene al país recae sobre las espaldas de las mujeres que dedican más de 6 horas diarias a las tareas de cuidado. Además de más horas de trabajo y de cuidado, ante la caída de los ingresos reales y la quita de subsidios de transporte y servicios sociales, la reproducción de la vida cotidiana se sostiene mediante el endeudamiento de los hogares. El crédito ya no financia la movilidad social o el consumo duradero, sino lo elemental: alimentos, medicamentos, alquileres y servicios básicos. Quienes gestionan esa brecha cotidiana entre ingresos insuficientes y costos fijos son mayoritariamente las mujeres.
Sostener la vida en Argentina se ha vuelto un proceso extenuante, privatizado y financiarizado. En un contexto donde la maternidad implica sumar horas de trabajo no remunerado a una jornada ya sobrecargada y, al mismo tiempo, contraer deudas para cubrir la canasta básica, con enormes costos para la salud mental, la baja de la natalidad parece menos el resultado de un fenómeno ideológico que una respuesta racional frente a un entorno hostil de futuros suspendidos. Lo que encarece y frena las decisiones reproductivas no es la conquista de derechos, sino un modelo económico que convierte la supervivencia en deuda y destruye la infraestructura social y comunitaria que sirve de soporte.
La libertad de elegir: el deseo frente al mandato moral
Resulta paradojal que un programa político que abandera la libertad pretenda recortarla justamente en el terreno de la autonomía sobre los cuerpos y los proyectos de vida. La decisión de maternar u optar por no hacerlo no es un insumo de producción para el mercado ni una variable de ajuste previsional. Es una elección íntima, vital y política sobre el propio cuerpo y el proyecto de futuro.
Reducir la baja de la natalidad a un “problema de oferta” laboral revela una concepción utilitarista de la vida, en la que los cuerpos gestantes son vistos únicamente como reproductores de fuerza de trabajo al servicio del capital. La conquista de la Ley IVE y la consolidación de la autonomía reproductiva no minaron la maternidad sino que problematizaron su mandato obligatorio. Le devolvieron a la decisión de sostener nuevas vidas el estatuto de la libertad y el deseo, desligándola de la imposición biológica y la clandestinidad.
Ningún llamado al deber moral puede forzar la natalidad cuando la cotidianidad es una carrera de resistencia. La verdadera libertad reproductiva requiere tanto del derecho a no maternar como de las condiciones materiales para poder hacerlo si se lo desea. Un modelo económico que convierte la supervivencia en una carga no puede exigir que de la precariedad brote la voluntad de cuidar. La respuesta de las sociedades no es un dogma ideológico: es la afirmación de que el deseo y la vida no se gestionan mediante el amedrentamiento ni la culpa.
