En toda África, el Fondo Monetario Internacional (FMI) se presenta como el guardián de la estabilidad macroeconómica. Sus últimos informes técnicos del Artículo IV sobre Etiopía, Malawi, Nigeria, Sudáfrica y Zambia están dirigidos a economías con historias e instituciones muy diferentes. Sin embargo, todos coinciden en una receta ya conocida: consolidación fiscal, política monetaria más restrictiva, tipos de cambio determinados por el mercado, reforma de los subsidios, desregulación y “crecimiento impulsado por el sector privado”. Ningún economista serio puede descartar la estabilidad macroeconómica. La alta inflación destruye los salarios, la escasez de divisas ahoga la producción y una deuda fuera de control acaba obligando a un ajuste. Pero la estabilidad es un medio, no una estrategia de desarrollo. Leídos en conjunto, estos cinco informes ponen de manifiesto la debilidad central del enfoque del Fondo en África: es mucho más claro sobre cómo el Estado debe reducirse que sobre cómo las economías africanas adquirirán las capacidades productivas necesarias para crecer, diversificarse y crear empleos decentes.

Las consultas del Artículo IV son formalmente mecanismos de supervisión y no acuerdos de préstamo, y no todas las recomendaciones constituyen condiciones vinculantes. Sin embargo, la distinción es menos tranquilizadora de lo que parece. Zambia y Etiopía ya se encuentran bajo programas del Fondo; el programa de Malaui expiró sin una revisión; y en Nigeria y Sudáfrica, la evaluación del Fondo influye en las calificaciones crediticias, en los inversionistas y en las condiciones en las que los gobiernos pueden obtener préstamos. Por lo tanto, estos informes definen los límites de lo que las finanzas internacionales consideran una política “sólida”, incluso cuando el Fondo no proporciona fondos directamente.

Los detalles por país son reveladores. En Malawi, el Fondo insta a una estabilización urgente para pasar de la dependencia de la ayuda a una economía impulsada por el sector privado. Hace hincapié en el endurecimiento fiscal y monetario, el ajuste del tipo de cambio y la eliminación de obstáculos administrativos. Sin embargo, la economía privada de Malawi está compuesta en su gran mayoría por pequeños agricultores y empresas informales que se enfrentan a créditos costosos, infraestructura poco confiable y escasez de divisas. Pedir que el sector privado tome la iniciativa no hace que surjan de la nada empresas capaces de realizar inversiones industriales.

En Zambia, la consolidación fiscal, la reforma de los subsidios a los combustibles y la reestructuración de la deuda van de la mano con las esperanzas de una mayor inversión minera, alianzas público-privadas y competencia. El propio informe señala que las tasas de interés de los préstamos bancarios promediaron más del 26% a principios de 2025 y que el crédito privado se situó por debajo de la mitad del promedio de África subsahariana. En esas condiciones, ¿qué fabricante zambiano puede competir con una empresa minera multinacional que obtiene financiamiento en el extranjero?

El informe sobre Etiopía es más explícito respecto a la transición de un crecimiento impulsado por el sector público a uno impulsado por el sector privado. Respalda la liberalización del tipo de cambio, la reducción de la represión financiera, una mayor inversión extranjera y la posible privatización de empresas estatales con orientación comercial. Sin embargo, el modelo de desarrollo anterior de Etiopía, a pesar de todos sus defectos, utilizaba la inversión pública y el crédito dirigido para construir infraestructura y capacidad productiva. Desmantelar esos instrumentos antes de que existan empresas nacionales sólidas y alternativas de financiamiento para el desarrollo conlleva el riesgo de que el liderazgo estatal sea reemplazado, no por un capitalismo etíope competitivo, sino por la propiedad extranjera de los activos más rentables.

En el caso de Sudáfrica, el Fondo declara que el modelo impulsado por el Estado ha llegado a sus límites y describe el crecimiento impulsado por el sector privado como la “única opción viable”. Recomienda una mayor participación privada en los sectores de la electricidad y la logística, la liberalización de los mercados de productos y mercados laborales más flexibles. Sudáfrica cuenta con una clase capitalista nacional más desarrollada que la mayoría de las economías africanas. Sin embargo, incluso allí, la propiedad y las finanzas siguen estando altamente concentradas, mientras que el desempleo masivo debilita la demanda interna. La cuestión no es simplemente el Estado frente al mercado, sino qué instituciones dirigen la inversión, hacia qué sectores y bajo qué tipo de propiedad.

En Nigeria, el Fondo elogia la eliminación de los subsidios a los combustibles, el fin de la financiación monetaria y la reforma cambiaria por haber restablecido la confianza de los inversionistas. Al mismo tiempo, reconoce que la pobreza y la inseguridad alimentaria han aumentado. El crédito se concentra en los sectores del petróleo y el gas, sin que prácticamente se otorguen nuevos préstamos a las pequeñas empresas ni a los hogares. Esta es la contradicción en miniatura: la mejora de los indicadores para los inversionistas internacionales se considera un avance, incluso cuando la inversión productiva nacional y el bienestar de los hogares siguen estando deprimidos.

A lo largo de estos informes, “el sector privado” se presenta como un único actor. No lo es. África cuenta con millones de comerciantes, agricultores y pequeñas empresas, pero en muchos países solo existe una reducida clase de empresas nacionales con el capital, la tecnología y la capacidad organizativa para invertir a gran escala. Por lo tanto, el inversionista en condiciones de beneficiarse de la privatización, la liberalización, las concesiones mineras y las alianzas público-privadas suele ser la corporación multinacional, no un industrial nacional emergente. Esto es importante porque la inversión multinacional puede generar exportaciones sin dejar de ser un enclave: importando maquinaria, repatriando utilidades, minimizando impuestos y estableciendo pocos vínculos con proveedores nacionales. La inversión extranjera puede contribuir al desarrollo, pero solo cuando está sujeta a normas de contenido local, requisitos de transferencia de tecnología, compras estratégicas e instituciones que fomenten el crecimiento de las empresas nacionales. El marco del FMI trata estas herramientas de política industrial principalmente como distorsiones, en lugar de como mecanismos mediante los cuales los países ricos e industrializados de hoy en día construyeron su capacidad productiva.

Incluso la propia investigación del Fondo identifica una restricción adicional. Un documento de trabajo del FMI de 2025 estima que los gobiernos de África subsahariana pagan 46 puntos básicos adicionales en la emisión de eurobonos, tras controlar factores como la calificación crediticia, el plazo de vencimiento, la moneda y las condiciones globales. Durante las crisis globales, esta “prima africana” supera los 120 puntos básicos. Por lo tanto, se insta a los Estados africanos a retirarse precisamente porque el endeudamiento resulta inusualmente costoso, mientras que la escasa inversión pública reduce la productividad de sus economías y mantiene elevadas las percepciones de riesgo. Se trata de un círculo vicioso, no de un camino hacia la transformación.

Kevin Gallagher y Njūgūna Ndūng’ū argumentaron recientemente que el Fondo sigue atrapado en una trampa de austeridad: los programas suelen dar resultados inferiores a sus pronósticos de crecimiento, subestiman los multiplicadores fiscales y no logran transformar las estructuras de exportación que provocan crisis de balanza de pagos. La alternativa que proponen – programas anticíclicos específicos para cada país, centrados en el crecimiento y la redistribución – debería servir de base para la revisión actual que realiza el Fondo sobre el diseño de los programas y la condicionalidad.

África no necesita indiferencia ante la inflación o la deuda. Necesita una secuencia diferente de ajustes. Proteger la inversión pública y los servicios universales; reestructurar la deuda antes y de manera más profunda; gravar las rentas mineras, la riqueza y los flujos financieros ilícitos; ampliar el financiamiento concesional; reconstruir los bancos de desarrollo; y utilizar la política industrial para crear empresas nacionales capaces de aprender, exportar y generar empleo. Los niveles mínimos de gasto social deben ser vinculantes, no meramente simbólicos, y el ajuste debe evaluarse en función del empleo, la pobreza y la inversión productiva, así como de los balances fiscales.

La elección relevante no es entre un Estado ineficiente y un mercado idealizado. Es entre un modelo económico que reproduce la dependencia de las materias primas y el dominio de las empresas extranjeras, y otro que construya el poder productivo africano a través de una política industrial, una política monetaria y un pensamiento continental. Hasta que el FMI no afronte esa elección, sus programas podrán estabilizar los balances en beneficio de los acreedores externos, al tiempo que dejan firmemente intactas las estructuras que generan crisis para la población. La política del FMI para África consiste en desarrollar el subdesarrollo.