Durante más de seis décadas, los Estados Unidos ha intentado hacer que el pueblo cubano pague por su decisión de seguir un camino independiente y socialista. La última fase de esta guerra económica ha apuntado a la arteria más vulnerable de la isla: su suministro energético. Seis meses después de que Washington intensificara la presión sobre los países y las empresas que suministran petróleo a Cuba, la política no ha traído democracia ni ha mejorado la vida de los cubanos de a pie. Ha provocado hogares más oscuros, autobuses inmovilizados, interrupciones en los hospitales y una mayor dificultad para transportar alimentos de las granjas a las ciudades.

La tarea inmediata es evitar un desastre humanitario. La tarea más amplia consiste en sustituir la coacción por la cooperación soberana y ayudar a Cuba a construir un sistema energético que no pueda volver a ser estrangulado por una potencia extranjera.

Seis meses de crisis cada vez más profunda

El 29 de enero de 2026, el presidente de los EE. UU., Donald Trump, emitió una orden ejecutiva que establecía un mecanismo para imponer aranceles adicionales a los productos procedentes de cualquier país que suministrara petróleo, directa o indirectamente, a Cuba. Washington presentó la medida como una defensa de la seguridad nacional de los EE. UU. Su propósito práctico era inequívoco: obligar a terceros países a elegir entre una pequeña nación caribeña en dificultades económicas y el acceso al enorme mercado estadounidense.

Las medidas arancelarias autorizadas en virtud de esta y otras órdenes de emergencia expiraron el 20 de febrero. Sin embargo, la emergencia declarada siguió vigente, al igual que el sistema de sanciones más amplio, las amenazas contra los proveedores y la incertidumbre en torno a los buques con destino a Cuba. El resultado se ha descrito como un bloqueo petrolero efectivo: no necesariamente una línea permanente de buques de guerra estadounidenses, sino un sistema de presión indirecta capaz de disuadir a gobiernos, bancos, aseguradoras, empresas navieras y comerciantes de realizar comercio legítimo con Cuba. El golpe recayó sobre una economía que ya se encontraba bajo una presión extraordinaria. Cuba había dependido durante mucho tiempo del petróleo importado, particularmente de Venezuela, mientras producía solo una parte de sus necesidades. Los envíos venezolanos disminuyeron tras el ataque de los Estados Unidos contra ese país el 3 de enero de 2026; los suministros mexicanos se vieron sometidos a la presión estadounidense, y Cuba carecía de las divisas necesarias para adquirir suficiente combustible en otros lugares. Las centrales térmicas obsoletas, el mantenimiento atrasado, los huracanes, la inflación y la pérdida de ingresos por turismo agravaron el daño.

La escasez de combustible se extendió a todos los ámbitos de la vida social. Las fallas técnicas en la frágil red eléctrica provocaron repetidamente apagones en toda la isla. Los cortes de electricidad detuvieron las bombas de agua, mientras que los refrigeradores dejaron de funcionar, echando a perder los escasos alimentos y medicamentos. Las familias se vieron obligadas a cocinar, estudiar y dormir bajo un calor extremo sin un suministro eléctrico confiable.

El transporte quedó igualmente paralizado. Circulaban menos autobuses públicos, las estaciones de servicio cerraron o racionaron el suministro, y los trabajadores tuvieron dificultades para llegar a sus puestos de trabajo. Cuando no hay diésel disponible, no es fácil cosechar los cultivos, y los alimentos no pueden transportarse desde los productores rurales hasta los consumidores urbanos. La recolección de basura y el saneamiento se deterioran. Las ambulancias, los hospitales y las clínicas deben racionar el combustible de los generadores, incluso mientras crece la escasez de medicamentos y suministros básicos. Se cancelaron o desviaron vuelos porque los aeropuertos cubanos no podían garantizar el combustible de aviación, lo que dañó aún más al turismo – una de las principales fuentes de divisas del país.

La carga es desigual. Los hogares con dólares a veces pueden obtener alimentos, transporte, baterías o equipos solares; los trabajadores y jubilados que dependen de los pesos tienen muchas menos opciones. Las mujeres asumen gran parte del trabajo adicional no remunerado de conseguir alimentos y agua, así como de cuidar a sus familiares. Las comunidades rurales, las personas con discapacidad y los pacientes que requieren medicamentos refrigerados enfrentan riesgos particulares. Las principales víctimas de la política de los Estados Unidos son todo el pueblo cubano.

Una salida basada en la paz, la soberanía y la reconstrucción

La salida debe comenzar con un acuerdo humanitario inmediato en materia de energía. Cuba requiere entregas predecibles, no cargamentos ocasionales que dependan de permisos políticos. Las Naciones Unidas, junto con los gobiernos de América Latina y el Caribe que estén dispuestos a colaborar, deberían establecer un corredor de combustible supervisado. Los envíos podrían destinarse a la generación de energía, los hospitales, el agua y el saneamiento, la producción de alimentos, el transporte público y la preparación para desastres.

Una exención carece de sentido si los bancos no procesan los pagos, las aseguradoras no cubren a los buques y las empresas navieras temen ser sancionadas. Los gobiernos participantes deben proporcionar garantías de pago, seguros y protección legal a los proveedores humanitarios. Los Estados Unidos debe emitir licencias generales y duraderas, en lugar de exenciones caso por caso.

En segundo lugar, la ayuda de emergencia debe abrir la puerta a una desescalada negociada. Washington y La Habana deben iniciar conversaciones estructuradas, con el apoyo, cuando sea pertinente, de la CARICOM, la CELAC, México y otros intermediarios de confianza. El principio debe ser la reciprocidad sin coacción. Los Estados Unidos debería suspender las medidas que penalizan el comercio con terceros países y establecer un cronograma verificable para el levantamiento de las sanciones. La negociación no puede significar exigir un cambio de régimen como precio para permitir que una población satisfaga sus necesidades básicas. Tampoco deberían las necesidades humanitarias quedar como rehenes de cada disputa no resuelta entre los dos gobiernos.

En tercer lugar, Cuba ya ha comenzado a diversificar sus proveedores y su sistema energético. Los contratos con varios productores, las compras conjuntas con socios caribeños y las reservas regionales de almacenamiento podrían reducir los costos y amortiguar las interrupciones repentinas. La cooperación técnica podría ayudar a estabilizar los equipos generadores antiguos mientras se construye nueva capacidad. A mediano plazo, la solución más duradera radica en la energía renovable y descentralizada. Cuba cuenta con abundante luz solar y un potencial significativo para la energía solar, la biomasa y la generación eólica cuidadosamente ubicada. Los sistemas solares instalados en los techos de clínicas, escuelas, granjas y edificios de apartamentos, junto con baterías, reducirían la demanda sobre la red eléctrica nacional. Las microrredes comunitarias podrían mantener en funcionamiento las bombas de agua, la refrigeración y las comunicaciones cuando falle una planta importante. El bagazo de la industria azucarera y los residuos agrícolas pueden contribuir a la generación de energía si los proyectos se gestionan de manera sostenible. Las energías renovables no deben convertirse en un eslogan que ignore las limitaciones materiales: los proyectos necesitan financiamiento, repuestos, técnicos capacitados, baterías y sistemas de reciclaje.

Para los países del Sur Global, la difícil situación de Cuba no es una disputa bilateral lejana. Las sanciones secundarias y las amenazas arancelarias establecen el peligroso principio de que un Estado poderoso puede dictar cuáles son los socios comerciales legítimos de cualquier otra nación. Defender el derecho de Cuba a adquirir energía forma, por lo tanto, parte de la defensa de un orden internacional democrático. El Sur Global debe oponerse a la coacción extraterritorial, apoyar los suministros humanitarios y la cooperación en materia de energía renovable, y colaborar con otros Estados para proteger el comercio legítimo de las sanciones unilaterales.

El pueblo cubano ha sobrevivido a seis décadas de presión gracias a la organización social, la solidaridad internacional y una resistencia extraordinaria. Sin embargo, esa resistencia no debe idealizarse. A ningún pueblo se le debería exigir que viva indefinidamente sin electricidad, transporte, alimentos o medicamentos confiables para demostrar su compromiso con la soberanía. La salida justa no es ni la capitulación ni el aislamiento. Es el fin del castigo colectivo y la cooperación internacional basada en la igualdad. Ese camino puede devolver la luz a Cuba al tiempo que preserva su derecho a determinar su propio futuro.