El Gobierno de Javier Milei sufrió recientemente una derrota doble. La primera sucedió en la calle, con la masiva movilización en rechazo a su proyecto de liberar la compra de la tierra para extranjeros. La segunda, en los pasillos del Congreso argentino, donde no reunió los votos suficientes para aprobar la ley tal cual fue presentada. Las dos hablan de lo mismo: un proyecto de poder que empieza a mostrar los límites de su fuerza.
La ley que buscaba imponer el oficialismo, bajo el nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, no era una iniciativa aislada ni un simple ajuste normativo. Formaba parte de una batería más amplia de ataques a la soberanía nacional: habilitar mecanismos para profundizar la extranjerización de la tierra, facilitar el control externo sobre recursos estratégicos y despejar el camino para que el territorio argentino, sus bienes comunes y su capacidad de decisión sobre ellos, quedarán cada vez más subordinados a intereses ajenos al país.
En la calle, miles de personas se movilizaron contra esa avanzada. El Gobierno respondió cómo responde siempre que el pueblo se organiza: con gases lacrimógenos y balas de goma, con heridos y detenidos. La represión no fue un exceso aislado. Es un método. Cada vez que el ajuste encuentra resistencia, el Estado saca la cara más violenta para intentar disciplinar lo que no logra convencer.
Porque eso es lo que empieza a resquebrajarse: la hegemonía, la capacidad de convencer. En las calles se siente el cansancio frente a un ajuste económico que castiga a las mayorías populares mientras beneficia a un puñado de sectores concentrados. Ese ajuste no es un capricho técnico ni un desvío de un plan bienintencionado. Es la forma que asume, en Argentina, una estrategia más amplia de la nueva derecha internacional para someter a los pueblos del Sur Global: bajar salarios, entregar recursos naturales, desmontar derechos, y llamar “modernización” al saqueo. Milei no administra esa estrategia desde una posición autónoma, la ejecuta como aliado incondicional de un hiperimperialismo que atraviesa hoy una etapa decadente y, por eso mismo, más peligrosa: necesita apropiarse de lo que le queda al Sur Global para sostener un orden que ya no puede garantizar bienestar ni siquiera en sus propios centros.
En el Congreso, el otro frente, el Gobierno tampoco logró lo que buscaba. Los intentos de comprar voluntades parlamentarias, de tejer mayorías a fuerza de cargos, promesas y presiones, no alcanzaron. Tuvo que retroceder. Primero con el núcleo de la mal llamada “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”. Después con la reforma a la Ley de Manejo del Fuego, resignada a una versión recortada. Dos retrocesos que exhiben la fragilidad de un proyecto que se creía imbatible.
La movilización contra la extranjerización de la tierra mostró algo más profundo que el rechazo a una ley puntual. Mostró un punto de quiebre en la capacidad de la clase dominante para organizar el consenso en torno a un orden social que solo la beneficia a ella. Ese consenso, que durante meses pareció sólido, empezó a agrietarse. Resta saber cuál será el camino de organización de esa rabia que se hizo visible bajo la lluvia, alrededor del Congreso.
Vijay Prashad viene señalando desde el Instituto Tricontinental que el ciclo actual del capitalismo global no ofrece salidas dentro de sus propias reglas: la crisis se administra trasladando sus costos hacia el Sur Global, mientras las burguesías locales, convertidas en socias menores de ese ordenamiento, aplican puertas adentro las recetas que el capital financiero internacional diseña puertas afuera. Prashad insiste en que ningún ajuste de este tipo se sostiene sin una batalla cultural paralela, destinada a presentar como inevitable lo que es, en realidad, una opción política al servicio de intereses concretos. Cuando esa batalla cultural empieza a perder terreno, como ocurrió en Argentina, se abre una grieta que ninguna represión alcanza a cerrar del todo.
Algo de eso se vio en la bandera que circuló repetida por miles entre la multitud, la misma que los jugadores de la Selección desplegaron después de la victoria frente a Inglaterra en el último mundial, con la consigna “Las Malvinas son Argentinas”. Desde la guerra de Malvinas en 1982 ese partido no es uno más. El de 1986, apenas unos años de la guerra, fue inolvidable: es el partido de la mano de Dios y del mejor gol de la historia, ambos firmados por Diego Maradona. El fútbol carga con la reivindicación de las Islas Malvinas, hoy convertidas en base de la OTAN bajo dominio británico, y en plataforma para el saqueo de petróleo y otros bienes comunes del Atlántico Sur. Esa bandera tocó una fibra sensible del pueblo argentino, la de una soberanía nunca resignada del todo, ni siquiera cuando el poder de turno insiste en negociarla.
Pero ninguna fibra sensible alcanza, por sí sola, para torcer el rumbo de un país. La bronca que se vio en la calle necesita organizarse, encontrar cauce, transformarse en proyecto. De lo contrario corre el riesgo de agotarse en la propia intensidad del momento, de disiparse en frustración apenas baje la marea de la movilización. La tarea que queda planteada, entonces, no es sólo resistir la próxima embestida. Es construir la fuerza política capaz de sostener en el tiempo lo que la calle mostró bajo la tormenta: que hay un límite, que ese límite se defiende y que la Patria no se vende.
