En agosto, el multimillonario de derecha Abelardo de la Espriella asumió como presidente de Colombia y prometió impulsar una agenda de extrema derecha, a pesar de haber ganado por menos de un punto porcentual frente al candidato de izquierda Iván Cepeda. Es característico de un tipo especial de extrema derecha asumir cualquier mandato y fingir que tiene la autoridad para transformar a la sociedad en su pantano tóxico. De los veinte Estados que generalmente se consideran parte de América Latina, once cuentan ahora con gobiernos de extrema derecha: Argentina (Javier Milei desde 2023), Bolivia (Rodrigo Paz desde 2025), Chile (José Antonio Kast desde 2026), Colombia (de la Espriella desde 2026), Costa Rica (Laura Fernández desde 2026), Ecuador (Daniel Noboa desde 2023), El Salvador (Nayib Bukele desde 2019), Honduras (Nasry Asfura desde 2026), Panamá (José Raúl Mulino desde 2024), Paraguay (Santiago Peña desde 2023) y Perú (Keiko Fujimori desde 2026).

La mayoría de estos líderes no provienen del antiguo círculo conservador, sino que forman parte de una nueva generación (Noboa es el más joven del grupo, nacido en 1987) con una edad promedio de 52 años. Se trata de hombres y mujeres que representan a las antiguas oligarquías de América Latina, las viejas familias con profundas raíces coloniales y vastas propiedades; sin embargo, estos líderes no tienen una sensibilidad aristocrática ni provienen de los partidos políticos conservadores establecidos. Son de naturaleza libertaria y muestran una lealtad descarada hacia los Estados Unidos y su agenda. Se presentan a sí mismos como patriotas, pero el patriotismo queda relegado ante la lealtad absoluta a Washington y a sus corporaciones.

Disparar a matar

La extrema derecha surge de una larga tradición de violencia sin ley por parte de la oligarquía, que se remonta desde el genocidio contra los indígenas hasta las dictaduras militares de la era de la Operación Cóndor. La impunidad ante la violencia ha sido el sello distintivo de esta clase y de sus representantes políticos, por lo que la extrema derecha actual no es más que fiel a su clase y a sus antepasados. Laura Fernández nació en 1986, un año antes de que el presidente de Costa Rica, Óscar Arias, ganara el Premio Nobel de la Paz por su labor en la resolución de conflictos en Centroamérica (Costa Rica se despojó de su ejército en su Constitución de 1949). En su toma de posesión en mayo de 2026, Fernández declaró que tendría una “respuesta de mano dura” ante la delincuencia y que su “mano no temblará”. Tras los intentos de Gustavo Petro por alcanzar resoluciones pacíficas a los conflictos en Colombia, De la Espriella asumió el cargo con la opinión de que “los delincuentes también pueden recibir balas”, lo que sugiere un retorno al estado de guerra.

El enfoque de mano dura de Nayib Bukele frente a la delincuencia ha influido profundamente en la extrema derecha de América Latina, convirtiendo las detenciones masivas, los despliegues militares, el estado de emergencia y las megacárceles de El Salvador en un modelo político regional. Líderes y candidatos de Ecuador, Colombia, Costa Rica, Perú, Chile y otros países presentan cada vez más la delincuencia como una guerra que requiere un poder estatal excepcional, en lugar de la policía convencional y las políticas sociales. La popularidad de Bukele ha contribuido a normalizar las promesas de calles militarizadas, sentencias más severas, prisiones ampliadas y menores garantías procesales. Aunque los críticos documentan detenciones arbitrarias y abusos contra los derechos humanos, sus admiradores describen sus métodos como prueba de que un liderazgo decisivo y autoritario puede restablecer el orden allí donde las instituciones democráticas parecen ineficaces. Hasta ahora, la extrema derecha de un tipo especial ha presentado su enfoque antiliberal de la criminalidad – de hecho, hacia los barrios de los pobres – como la única solución eficaz frente a las narco-mafias y los delincuentes menores de los barrios.

Reversión de los logros sociales

En toda América Latina, la “Marea Furiosa» está intentando revertir los logros feministas mediante la restricción del aborto y la anticoncepción, el desmantelamiento de instituciones que abordan la violencia de género, el ataque a la educación sexual y la presentación del feminismo como una amenaza para la familia tradicional. En Argentina, el Gobierno de Javier Milei cerró el Ministerio de la Mujer, suspendió la distribución nacional de medicamentos para el aborto y recortó los programas de anticoncepción y de prevención del embarazo adolescente, lo que ha hecho que los derechos formales sean cada vez más inaccesibles, especialmente para las mujeres pobres y de clase trabajadora.

En Chile, legisladores de extrema derecha han propuesto obligar a las mujeres a escuchar los latidos del corazón del feto antes de poder acceder a uno de los abortos que el país permite de manera muy restringida, mientras que varios nuevos proyectos de ley castigarían las acusaciones supuestamente “falsas” relacionadas con la violación, el abuso sexual y la violencia doméstica. Estas propuestas podrían permitir que una persona acusada emprenda acciones legales contra quien presentó la denuncia una vez que se desestime el caso y, por lo tanto, intimide a las sobrevivientes; en términos de clase, esta amenaza recae con mayor fuerza sobre las mujeres de clase trabajadora, rurales, migrantes e indígenas que carecen de abogados, recursos económicos y protección institucional, lo que refuerza el control patriarcal al tiempo que hace más peligroso el acceso a la justicia.

Ceguera ante el genocidio

La extrema derecha no solo considera hoy en día la violencia fuera de la ley como su moneda de cambio, sino que celebra habitualmente la historia de los conquistadores contra los pueblos indígenas de las Américas, así como toda la panoplia de la civilización occidental (como lo hizo Milei en su discurso en Davos en 2024). La ceguera ante el genocidio es un hábito de la extrema derecha, razón por la cual no tiene absolutamente ningún reparo en mantener relaciones estrechas con los Estados Unidos y su política de buscar la subordinación de todo el hemisferio de las Américas a los intereses de Washington. Cuando Washington afirma que el camino hacia vínculos estrechos con él debe pasar por Tel Aviv, los gobiernos de extrema derecha se apresuran a forjar relaciones estrechas con Israel – a pesar del genocidio en curso contra los palestinos.

En junio de 2025, el embajador de Argentina en Israel, el rabino Shimon Axel Wahnish, anunció algo denominado los Acuerdos de Isaac, diseñados para establecer una relación estrecha entre los países latinoamericanos e Israel. El anuncio se produjo casi dos años después del inicio del genocidio, aunque los Acuerdos de Isaac propiamente dichos se establecieron formalmente en abril de 2026 en Jerusalén. Si bien Argentina e Israel son los únicos signatarios formales, en mayo, una conferencia celebrada en Buenos Aires reunió a funcionarios de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Uruguay, quienes firmaron una declaración en la que se pedía la ampliación de los Acuerdos de Isaac. Además, Bolivia (2025) y Colombia (2026) han restablecido relaciones diplomáticas con Israel, mientras que Venezuela (2026) ha reanudado los servicios consulares.

El desarrollo del subdesarrollo

Dentro de los palacios presidenciales y en las legislaturas, los gobiernos de extrema derecha han estado trabajando en agendas económicas elaboradas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La agenda es sencilla: garantizar que las corporaciones multinacionales con sede en Occidente tengan fácil acceso a las materias primas de América Latina, proteger las inversiones de estas corporaciones, permitir que la oligarquía participe en el robo de la riqueza social y disciplinar a la población en general mediante la imposición de medidas de austeridad inmediatas y la promesa de riqueza futura.

La mayoría de los países gobernados por la extrema derecha (Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador, Honduras y Paraguay) se encuentran bajo programas de apoyo del FMI, mientras que otros países están en la mira para futuros programas del FMI. Lo fundamental no es el programa del FMI en sí mismo, sino un nuevo impulso por parte del FMI para garantizar una desregulación orientada a la inversión. El Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de Argentina, promulgado en 2024, proporciona el marco para las leyes que se están aprobando en toda América Latina – siendo el programa de préstamos del FMI, como en el caso de Bolivia, dependiente de la aprobación de estas leyes para proteger la inversión (en su mayoría extranjera) en el país. El RIGI, un acuerdo a largo plazo, atrae grandes inversiones extranjeras al otorgar a las corporaciones amplios privilegios fiscales, aduaneros, cambiarios y normativos por hasta 30 años. Socializa los riesgos ambientales y económicos, al tiempo que privatiza las ganancias, debilita los ingresos públicos y limita la capacidad de los futuros gobiernos para regular el capital. Los trabajadores no reciben garantías igualmente sólidas de empleo estable, buenos salarios, producción local o beneficios públicos, mientras que los inversionistas multinacionales obtienen mayor poder para extraer los recursos de Argentina y trasladar las ganancias al extranjero.

El regreso de un liderazgo machista no podrá resolver los problemas de los pueblos de América Latina; pero sí tiene la capacidad de envenenar las relaciones sociales al enfrentar a las personas entre sí y, por lo tanto, debilitar su capacidad para construir su propia sociedad. Su objetivo es una transformación social total, no simplemente la promulgación de tal o cual ley. Se trata de una feroz contrarrevolución contra los logros alcanzados gracias al impacto de la Revolución Cubana y de la corriente bolivariana. Sin duda surgirán contradicciones, pero de manera lenta y cautelosa entre una población dividida por la precariedad y nuevas formas de piedad social.