El 14 de julio, en una cumbre celebrada en Orlando, el director de la Administración para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA), Terrance Cole, declaró que los cárteles mexicanos y el Gobierno de México son “lo mismo”. No presentó ninguna prueba. La presidenta Claudia Sheinbaum exigió que se presentaran; no se presentó ninguna. El Gabinete de Seguridad de México respondió con cifras – decenas de miles de detenciones, cientos de toneladas de narcóticos incautados –, mientras que la oficina de Cole guardó silencio. La acusación nunca tuvo la intención de ser comprobada. Solo se pretendía lanzarla.

Cualquiera que haya estudiado el arco de medio siglo de la “guerra contra las drogas” de Washington reconoce esta maniobra al instante. Los cuadernos de investigación Adictos al Imperialismo, elaborados por el Instituto Tricontinental junto con centros de investigación asociados de toda América Latina, documentan el patrón con precisión: la etiqueta de “narcoestado” no es un hallazgo, sino un arma, dirigida con notable consistencia hacia los gobiernos que afirman su soberanía y omitida, con igual consistencia, en el caso de los gobiernos que se someten. Declarar que un Estado es indistinguible de un cártel es la condición previa para tratarlo como un objetivo. Cuando la Casa Blanca afirmó a principios de 2025 que los traficantes mexicanos mantenían una “alianza intolerable” con el gobierno de México, y cuando Cole ahora eleva eso al nivel de identidad –el gobierno y el cártel como una sola estructura –, se están sentando las bases, de manera pública, para una intervención contra un vecino soberano gobernado por un partido que Washington no puede controlar.

Consideremos primero qué han producido de hecho cincuenta años de esta “guerra”. La propia dirección de la DEA informó en mayo de 2024 que solo los cárteles de Sinaloa y Jalisco cuentan con asociados y facilitadores en los cincuenta estados de los EE. UU. Tras el Plan Colombia – el programa antinarcóticos más grande de la historia, que consumió más de diez mil millones de dólares estadounidenses –, la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó de 1.053 toneladas en 2016 a 1.738 toneladas en 2022, junto con una superficie récord dedicada al cultivo de coca. Entre 2001 y 2024, Washington canalizó más de veinte mil millones de dólares en “asistencia antinarcóticos” hacia América Latina y el Caribe – tres cuartas partes de esa suma a través del Pentágono. Esa última cifra lo dice todo: este nunca fue un programa de salud pública que fracasara. Más bien, se trata de un programa de asistencia militar que tuvo éxito: logró militarizar el hemisferio, integrar a agencias y tropas estadounidenses en la seguridad interna de Estados nominalmente soberanos y criminalizar al campesinado, mientras las ganancias se lavaban hacia el norte.

Venezuela es el caso definitivo. En marzo de 2020, el fiscal general William Barr mostró carteles de “Se busca” del presidente Nicolás Maduro, ofreciendo quince millones de dólares por la cabeza de un jefe de Estado y acusándolo de ser líder de un “Cartel de los Soles” que los analistas serios nunca han podido localizar fuera de las acusaciones de los Estados Unidos. Las pruebas fueron recopiladas por la propia DEA a través de la Operación Money Badger, una infiltración clandestina en Venezuela llevada a cabo – según los propios memorandos internos de la agencia – de manera unilateral y sin notificar a las autoridades venezolanas; es decir, de manera ilegal. Esas acusaciones fabricadas se convirtieron en la justificación para el asalto a Caracas en enero de 2026 y el secuestro de un presidente en ejercicio.

¿Y qué siguió al secuestro? Ni un gramo menos de cocaína llegó a las calles de los Estados Unidos: los datos de la propia ONU muestran que Venezuela nunca fue una ruta significativa de producción o tránsito en comparación con el corredor del Pacífico que atraviesa a los aliados más cercanos de Washington. Lo que siguió, en cambio, fue el petróleo. En cuestión de días, la Casa Blanca anunció que Venezuela entregaría entre treinta y cincuenta millones de barriles de crudo, comercializados por funcionarios estadounidenses, con los ingresos depositados en cuentas controladas por los Estados Unidos. Nuevas licencias del Tesoro abrieron los yacimientos venezolanos a Chevron, ExxonMobil, BP y Shell. El propio Trump prescindió del pretexto, prometiendo que las mayores empresas petroleras de los Estados Unidos entrarían, invertirían miles de millones y comenzarían a extraer de las reservas probadas más grandes del planeta. Los ejecutivos fueron recibidos en la Casa Blanca mientras se repartían los verdaderos dividendos de la operación “antidrogas”. Pocas veces un imperio ha confesado su motivo con tanta rapidez.

Brasil muestra el mismo mecanismo en su forma jurídica. En mayo, Washington designó al Comando Vermelho y al PCC como “organizaciones terroristas extranjeras”, situando a las bandas criminales brasileñas en la misma categoría legal que Hamás; en julio, se impusieron sanciones del Tesoro. Brasil no solicitó esta “ayuda”. Las designaciones extienden unilateralmente la ley antiterrorista de los EE. UU. sobre la economía brasileña – cualquier banco, empresa o ciudadano con un vínculo indirecto corre ahora el riesgo de ser procesado en los EE. UU. – y se producen en la misma época que los aranceles punitivos y las sanciones contra un magistrado de la Corte Suprema de Brasil, todo ello dirigido contra un gobierno progresista que se atrevió a juzgar a un expresidente que tramaba un golpe de Estado y a estrechar lazos con los BRICS. La “lucha contra el crimen organizado” funciona aquí como una apropiación jurisdiccional de la mayor economía de Sudamérica.

Ahora compare esta severidad con la actitud de Washington hacia sus aliados. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras de 2014 a 2022, fue declarado culpable por un jurado federal de los EE. UU. de conspirar para importar cientos de toneladas de cocaína – un hombre del que los fiscales afirmaron que había recibido sobornos del mismísimo El Chapo –  y condenado a cuarenta y cinco años. El 1 de diciembre de 2025, Trump le concedió un indulto total, liberándolo al mismo tiempo que respaldaba al partido de Hernández en las elecciones hondureñas y tildaba a la izquierda hondureña de “narcocomunistas”. La piedra angular del proceso judicial por narcotráfico más ambicioso en la historia del Departamento de Justicia de los EE. UU. fue demolida de la noche a la mañana, por conveniencia electoral. En Ecuador, mientras tanto, Daniel Noboa – cuyo “Plan Ecuador” ha traído consigo estados de excepción, inmunidad para el personal militar estadounidense, una alianza mercenaria con Erik Prince de Blackwater y exportaciones récord de cocaína a través de los puertos del país, en medio de persistentes denuncias de complicidad oficial con el narcotráfico y de manipulación electoral – es aclamado como el socio modelo de Washington, a pesar de sucesos preocupantes, como el asesinato, el 14 de junio, del fiscal que investigaba las ejecuciones extrajudiciales de pescadores ecuatorianos a manos de las fuerzas estadounidenses. La lección no podría ser más clara: el narcotráfico es perdonable, incluso excusable, en un aliado. La soberanía es el único delito imperdonable.

Ese es el patrón, y se mantiene a lo largo de un siglo de casos que recogen los cuadernos de Adictos al Imperialismo: Bolivia y Venezuela expulsaron a la DEA por su papel en intentos de golpe de Estado y rápidamente se convirtieron en “narcoestados”; Honduras, bajo el mando de un narcotraficante, y Ecuador, bajo el de un heredero complaciente, siguieron siendo “socios en materia de seguridad”. La intensidad de la acusación se corresponde con la independencia de un gobierno, nunca con su relación con las drogas.

Según todos los indicadores que se fijó – producción, consumo, poder de los cárteles, muertes –, la Guerra contra las Drogas de los Estados Unidos es un fracaso de proporciones históricas, y sus arquitectos lo saben: el consumo ha aumentado, la producción ha aumentado y los cárteles operan en todos los estados de Estados Unidos, financiados por instituciones financieras estadounidenses y armados por fabricantes de armas estadounidenses. Pero, a juzgar por su función real, ha sido un éxito de cincuenta años: un pretexto permanente y elástico para la vigilancia, las sanciones, la guerra jurídica, el establecimiento de bases militares y, ahora, la invasión. Hoy en día, ese pretexto se está utilizando como arma de manera más descarada que nunca: para secuestrar a un presidente y apoderarse del petróleo de su país, para someter a la economía de Brasil a la legislación antiterrorista, para declarar que el gobierno electo de México es un cártel. Una guerra seria contra la economía de las drogas comenzaría en Washington, en Wall Street y en las tiendas de armas del sur de los Estados Unidos. En cambio, lo que enfrenta América Latina es una guerra contra su derecho a gobernarse a sí misma – y los gobiernos independientes de la región, desde la Ciudad de México hasta Brasilia y Caracas, no son los acusados. Son las víctimas previstas.