Las elecciones generales de Brasil del 4 de octubre representaron una severa advertencia para la izquierda. Flávio Bolsonaro, el candidato presidencial del Partido Liberal (PL), superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con aproximadamente un 47% frente a un 45%. Ninguno de los dos obtuvo la mayoría, lo que los llevará a una segunda vuelta el 25 de octubre. Más preocupante que este estrecho margen presidencial fue el avance del bolsonarismo en el Congreso. Las elecciones han fortalecido un movimiento político cuyas ambiciones van más allá de derrotar a Lula para llegar a remodelar las instituciones que obstaculizan su ejercicio del poder.

El encarcelamiento (arresto domiciliario) y la exclusión electoral de Jair Bolsonaro no han disuelto su movimiento. Su hijo Flávio lleva su estandarte presidencial, mientras que otros miembros de la familia han obtenido escaños en el Congreso. Michelle Bolsonaro, esposa de Jair, y Carlos Bolsonaro, su hijo, ingresan al Senado; Jair Renan, otro de sus hijos, y Renato, hermano de Jair, ingresan a la Cámara de Diputados. Nepobolsonarismo es un nombre apropiado para la expansión de esta familia a través del Estado. Sin embargo, la familia es solo la expresión más visible de un proyecto más amplio, arraigado en poderosos intereses económicos y en una política reaccionaria profundamente organizada.

Una contienda presidencial con implicaciones continentales

Lula sigue siendo el principal obstáculo para el regreso de este proyecto a la presidencia. Su derrota afectaría a los trabajadores y campesinos de todo Brasil, pero también a las posibilidades de cooperación regional y de una política exterior latinoamericana independiente. El tamaño de Brasil, su capacidad industrial, sus minerales en bruto (como los minerales críticos), sus recursos agrícolas y su alcance diplomático otorgan a su orientación política una importancia continental. Un gobierno que subordine estos activos a las prioridades de Washington debilitaría el espacio disponible para los países vecinos que buscan sus propios caminos de desarrollo.

La distribución geográfica de la primera vuelta pone de manifiesto tanto la fortaleza de Lula como sus dificultades. Mantuvo una posición dominante en el Noreste, mientras que Flávio lideró en las otras cuatro regiones. El enorme electorado de São Paulo proporcionó una ventaja particularmente importante a la derecha. Estas divisiones no pueden explicarse mediante una oposición entre una población ilustrada y otra ignorante. Requieren un análisis de las diferentes condiciones laborales, la organización de la vida política y la capacidad de los movimientos rivales para interpretar las frustraciones de la gente.

Lula llega a la segunda vuelta con un historial social sustancial. El desempleo cayó al 5,3% en el trimestre que finalizó en agosto, la tasa más baja para ese período en la serie estadística que comienza en 2012. Estas mejoras son de enorme importancia para las familias para quienes un salario regular supone un alivio frente a la incertidumbre cotidiana. Sin embargo, un indicador nacional mejorado no zanja la discusión política. El empleo puede coexistir con desplazamientos agotadores, viviendas costosas, servicios públicos inadecuados y la inseguridad que genera la deuda. La brecha entre la mejora estadística y la experiencia vivida sigue siendo un terreno en el que opera la derecha.

El bolsonarismo, o la extrema derecha brasileña de un tipo especial, traduce estas frustraciones en resentimiento contra la izquierda, todas las instituciones públicas y los sectores vulnerables de la sociedad. Su promesa de orden ofrece un lenguaje inmediato para el miedo, al tiempo que oculta los mecanismos económicos que generan inseguridad.

La izquierda no puede responder a esto simplemente promocionando los logros del gobierno. Debe vincular esos logros a un programa creíble para cambiar la vida cotidiana y explicar qué intereses impiden nuevos avances. Un trabajador que lucha contra las deudas necesita algo más que la seguridad de que la economía va bien. Este ha sido el problema de Lula, cuyo programa para el futuro no parece prometer más de lo que se ha logrado hasta ahora.

El Senado: una lucha por el poder institucional

Las elecciones al Senado son particularmente trascendentales porque se disputaron 54 de sus 81 escaños. Los senadores tienen mandatos de ocho años, por lo que los resultados marcarán la política nacional mucho más allá de la próxima administración presidencial. El PL obtuvo 19 escaños y contará con 28 en el nuevo Senado, lo que lo convierte en el partido más grande. El PT tendrá nueve. Los bolsonaristas han establecido, por lo tanto, una posición formidable, aunque el propio PL sigue sin alcanzar la mayoría y deberá negociar con otros partidos.

Michelle Bolsonaro y Bia Kicis obtuvieron los dos escaños del Distrito Federal, mientras que Carlos Bolsonaro y Carol de Toni ganaron los dos escaños de Santa Catarina. Estas victorias demuestran la capacidad del movimiento para organizar campañas coordinadas y concentrar el apoyo en torno a sus candidatos. Hubo éxitos importantes para la izquierda: Rui Costa y Jaques Wagner ganaron en Bahía, Humberto Costa conservó su representación en Pernambuco y Marília Campos ganó en Minas Gerais. Estos resultados preservan puntos de resistencia dentro de una cámara cada vez más hostil. La importancia del Senado va más allá de la legislación ordinaria. Los bolsonaristas han convertido su enfrentamiento con la Corte Suprema Federal en un objetivo político central, lo que incluye demandas para destituir a sus magistrados. Su representación reforzada aumenta su capacidad para llevar adelante ese enfrentamiento e influir en la elección del presidente del Senado. Las predicciones de una mayoría automática a favor del juicio político deben tomarse con cautela: la afiliación partidaria, las declaraciones de campaña y los votos en un procedimiento específico son cosas distintas. No obstante, el peligro de utilizar el poder legislativo para intimidar al poder judicial ha aumentado claramente.

Esto forma parte de una lucha por las condiciones bajo las cuales la extrema derecha puede gobernar. Los procesos judiciales contra Jair Bolsonaro no han eliminado a las fuerzas sociales que lo respaldan. Esas fuerzas buscan ahora una mayor influencia sobre las instituciones capaces de frenarlas. Para la izquierda, la defensa del espacio democrático debe, por lo tanto, ir de la mano de la lucha por ampliar los derechos sociales. Las organizaciones de trabajadores no pueden permitirse perder las libertades a través de las cuales se organizan, educan y se enfrentan al capital.

Diputados federales: la derecha avanza, la izquierda encuentra oportunidades

Este año se renovaron los 513 escaños de la Cámara de Diputados. El PL obtuvo 121, consolidando su posición como el partido más grande tanto en esta cámara como en el Senado. La federación del Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil y el Partido Verde ganó 88 escaños, de los cuales el propio PT obtuvo 70. El crecimiento de la federación es significativo, pero deja a los aliados de Lula lejos de alcanzar la mayoría. Los partidos de la derecha cuentan con 303 escaños, mientras que la izquierda parlamentaria en sentido amplio tiene 124.

El resultado fortalece a una extrema derecha de carácter particular dentro de una legislatura ya dominada por intereses conservadores. También debilita a algunos intermediarios tradicionales del poder parlamentario, como el centrão, la coalición de partidos que intercambia apoyo legislativo por influencia en los nombramientos y los recursos públicos, aunque sigue siendo indispensable para la formación de mayorías. Las negociaciones que se lleven a cabo dentro del centrão ahora se desarrollarán junto a un PL más grande y más asertivo. Si Lula gana en la segunda vuelta, se enfrentará a una resistencia sustancial en el Congreso; pero si gana Flávio, ese mismo Congreso podría facilitar un programa reaccionario.

Sin embargo, la elección también llevó a la Cámara a importantes representantes de una izquierda combativa. Jones Manoel, el historiador comunista elegido por el PSOL en Pernambuco, obtuvo 249.077 votos y quedó en primer lugar en Recife. Elias Jabbour, el geógrafo comunista, fue elegido por el PCdoB en Río de Janeiro. Sus victorias sugieren que existe un público receptivo a la educación política y a los argumentos socialistas, incluso en medio del avance de la derecha. Ofrecen recursos para reconstruir la confianza entre las personas que se han impacientado ante las ambiciones cada vez más limitadas de la política parlamentaria.

Jones Manoel ya se ha ofrecido a colaborar en la campaña de la segunda vuelta de Lula, incluida su comunicación digital, al tiempo que propone prestar mayor atención a demandas como el transporte público gratuito. Este es un ejemplo útil de claridad política: la crítica a las limitaciones del gobierno puede coexistir con una movilización activa contra una extrema derecha de un tipo especial. Dicha unidad no requiere que los trabajadores renuncien a sus demandas. Se fortalece cuando esas demandas aportan energía y dirección a la campaña.

La tarea antes del 25 de octubre

La segunda vuelta no se puede ganar únicamente mediante negociaciones entre los líderes de los partidos. Requiere una actividad organizada en los lugares de trabajo, los barrios, las universidades y las comunidades rurales, con un programa que la gente pueda reconocer en sus propias vidas. El transporte, los salarios, la vivienda, la deuda, la salud pública y el tiempo dedicado al trabajo deben convertirse en la esencia de una campaña democrática. La defensa de la soberanía se vuelve tangible cuando se vincula con la capacidad de utilizar la riqueza de Brasil para satisfacer las necesidades de su pueblo.

La marea furiosa ha avanzado, pero no ha arrastrado a los millones de personas que aún buscan otro Brasil. Los nuevos diputados comunistas, las organizaciones de masas que han sobrevivido (especialmente los trabajadores sin tierra del MST) y la enorme base electoral de Lula constituyen los cimientos de la resistencia. La tarea inmediata es derrotar a Flávio Bolsonaro. La tarea a más largo plazo es construir un poder popular lo suficientemente fuerte como para impedir que la oligarquía decida, elección tras elección, qué tan poco cambio se le permitirá a la mayoría.