Faltan poco más de tres semanas para que Abelardo De La Espriella se posesione como el nuevo presidente de Colombia, pese a las múltiples denuncias que enturbian su elección y desacreditan, para variar, el sistema electoral colombiano.

Los anuncios que desde ya están realizando Abelardo y su gabinete designado marcan un cambio de rumbo importante, no solo para el pueblo colombiano, sino para su lugar en el mundo.

La segunda vuelta electoral reafirmó que hay dos proyectos de país en Colombia: Abelardo ganó con un 49,66% de los votos, abanderando la reducción del Estado y las políticas sociales, para profundizar en el desarrollo del modelo neoliberal, extractivista y dependiente, frente al 48,70% que sumó Iván Cepeda, quien pretendía dar continuidad al proyecto del cambio, ampliar la justicia social y ambiental, la paz y la soberanía.

Ante el resultado electoral, se esperaba que el grado de violencia y rabia de la campaña de Abelardo bajara, para buscar un acuerdo nacional que permitiera gobernanza e inclusión del electorado que no votó por su proyecto, pero que estará también a su cargo los próximos cuatro años. El primer mensaje público, después de la proclama de su victoria, parecía encaminarse en esa dirección.

No obstante, el sector de Abelardo ha buscado desacreditar el gobierno de Petro, al punto de pretender suspender el empalme, acusando al funcionariado saliente de “corrupción” y “golpismo”. Al mismo tiempo, ha lanzado mensajes contra procesos sociales, estigmatizando regiones enteras que votaron por Cepeda con la narrativa falsa del “voto fusil” (que señala, contra toda evidencia o dato real, que las poblaciones rurales votaron bajo coacción de los grupos armados y no por conciencia, con lo que busca justificar acciones militares futuras sin tener en cuenta las diferencias entre personas armadas y civiles) o el anuncio de que va a derribar el Monumento de la Resistencia que conmemora en Cali el Estallido Social de 2021.

Hoy podemos ver todas las alertas posibles en dos temas en los que Colombia ha sido relevante para el mundo en los últimos años: la paz y la política exterior para la vida.

La paz en disputa

Desde la campaña, Abelardo se pronunció en contra de la continuidad de la agenda de paz en el país y los anuncios más recientes indican que va en serio:

El desmonte de parte importante de la institucionalidad relacionada con la paz, mediante la reconfiguración de la Presidencia implicará, por ejemplo, que la conducción de la implementación del Acuerdo Final de Paz, que puso fin al conflicto armado entre la extinta guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano en 2016, deje de estar en un sistema institucional especializado y pase a estar encabezada por el nuevo Comisionado Nacional de Seguridad. Paralelamente, desaparecerá la actual Oficina del Consejero Comisionado de Paz, que hasta ahora tiene a cargo la Paz Total, desarrollada por el gobierno de Petro, para promover nuevas mesas de diálogo con los grupos armados que aún hacen presencia en un país que hoy suma ocho conflictos armados no internacionales en su territorio.

También arremete contra la Jurisdicción Especial para la Paz, marco de justicia transicional que hizo posible la firma del Acuerdo Final de Paz de 2016 y el desarme y proceso de reincorporación a la vida civil de alrededor de 13.000 firmantes de paz que pertenecieron a las extintas FARC-EP. Plantea que es un sistema que genera impunidad y es muy costoso para el país. Luego estigmatiza públicamente a Timoleón Jiménez (Rodrigo Londoño), último comandante que tuvo las FARC-EP y presidente del partido Comunes que surgió del tránsito de la lucha armada a la política legal de esa colectividad, afectando no solo su seguridad personal, sino los derechos que él y sus compañeros han adquirido en el marco del proceso de paz.

Estos anuncios marcan la preponderancia de un discurso de seguridad que niega el conflicto armado interno, sus causas y funcionamiento, y le da un tratamiento más cercano al del crimen organizado. Es decir, no buscará atender las desigualdades sociales que producen exclusión y violencia en los territorios, ni brindar garantías y confianza en la salida dialogada del conflicto armado (a quienes ya firmaron la paz y a quienes continúan en armas), sino solo atacar, desde el modelo más militarista posible, sus consecuencias y expresiones armadas.

Colombia vivió algo similar durante el gobierno de Duque (2018-2022) y los resultados significaron mayor atomización y degradación de los grupos armados y aumento de afectaciones a la población civil en territorios rurales.

Una política exterior sin corazón

La política exterior de Petro se centró en la defensa de la vida a partir de cuatro pilares fundamentales: La paz y los DD.HH., la justicia ambiental, la integración latinoamericana y caribeña, y la política exterior feminista.

Hay varios hitos en ese camino: La ruptura de relaciones diplomáticas con Israel y la denuncia internacional por el genocidio contra el pueblo palestino, la COP 16 y la agenda para la atención a la crisis climática global y la transición energética, el reimpulso de organismos como la CELAC y la realización del Primer Foro de Alto Nivel CELAC-África y, aunque incipiente, la transversalización del enfoque de género en la diplomacia colombiana.

En contraste, Abelardo habla de una ruptura diplomática con Nicaragua y Cuba, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas y el posible retiro de Colombia de la ONU.

En este nuevo escenario diplomático para Colombia prevalecerá la afinidad política y el pragmatismo, por encima incluso de la tradición diplomática − por ejemplo, desde los noventa se mantienen relaciones diplomáticas con Cuba y con Nicaragua jamás se han roto − y una diplomacia que privilegia posibles beneficios económicos y la cercanía con grandes poderes globales como los Estados Unidos e Israel, dejando atrás las relaciones multilaterales y cediendo en la soberanía nacional.

Abelardo es experto en hacer anuncios que luego no son materializables sin violar la Constitución política de Colombia o que niega descaradamente, pero esto no hace menos preocupante el escenario que llega el 7 de agosto. Como hemos visto en gobiernos similares de la región, la carcasa democrática es fácilmente maleable cuando los intereses del capital se imponen y la preservación de la vida y la paz deja de ser la principal responsabilidad de quien ostenta el cargo de presidente.