Según un informe del Banco Mundial, Sri Lanka ha sufrido uno de los episodios de austeridad más severos y rápidos de la historia, impulsado por una reducción masiva de la inversión pública y la supresión de los salarios reales.

El 9 de septiembre de 2025, el Banco Mundial publicó un informe titulado Sri Lanka Public Finance Review: Hacia un ajuste fiscal equilibrado. El informe, de 109 páginas, se basa en la certeza teórica de que la austeridad fue un ajuste doloroso pero necesario tras el impago de la deuda externa de Sri Lanka en 2022. Sin embargo, incluso dentro de este paradigma, el informe proporciona una gran cantidad de datos que sirven como una acusación contundente de cómo la austeridad ha suprimido la inversión, socavado el crecimiento y profundizado el malestar social.

Según el Banco Mundial, de los 330 episodios de austeridad registrados en 123 países entre 1980 y 2024, el “ajuste fiscal” de Sri Lanka entre 2021 y 2024 destaca por ser «más drástico y rápido». Para Sri Lanka, esta consolidación fiscal sin precedentes solo es superada por el período comprendido entre 1980 y 1983, una época turbulenta de neoliberalización marcada por la represión sindical y los pogromos étnicos patrocinados por el Estado.

Crecimiento e inversión

Desde que Sri Lanka se adhirió a su decimoséptimo programa del FMI en 2021, su saldo primario (la diferencia entre los ingresos y los gastos del gobierno, sin contar el pago de la deuda) ha aumentado un 8%. Sin embargo, este logro ha tenido un costo extraordinario.

El golpe más duro ha sido para la inversión pública: la reducción en este ámbito ha supuesto el 72% del ajuste del gasto entre 2019 y 2023. La contribución de la inversión pública al crecimiento se volvió negativa entre 2021 y 2023, lo que arrastró a la baja el PIB total. En lugar de actuar de forma anticíclica, la inversión pública se vio limitada precisamente cuando más se necesitaba para absorber mano de obra, estimular la demanda y sentar las bases para la recuperación industrial.

Los recortes en la inversión pública son especialmente graves dada la ya de por sí deficiente infraestructura de Sri Lanka. El propio Banco Mundial reconoce que el capital público de Sri Lanka se situaba cerca del último lugar – el 143 de 166 países en 2019 – con deficiencias evidentes en la infraestructura general. Una parte importante de la red de carreteras rurales de Sri Lanka sigue sin estar pavimentada y en malas condiciones. En cuanto al transporte público, un tercio de la flota de autobuses públicos no está operativa y más de dos tercios de las locomotoras de tren tienen más de cuarenta años.

Esta supresión de la inversión está directamente relacionada con el estancamiento económico que ha paralizado al país. El Banco Mundial admite que “no se espera que el PIB real vuelva a los niveles de 2018 hasta 2026”. En otras palabras, el país ha perdido casi una década de desarrollo. El sector industrial, motor clave del empleo y el desarrollo, ha sido el más afectado, con una contracción acumulada del veinticinco por ciento entre 2022 y 2023.

Salarios y pobreza

El costo humano de esta política de austeridad es difícil de digerir. El informe afirma que más de una cuarta parte de la población ha caído por debajo del umbral de la pobreza, y que otra tercera parte de la población está clasificada como vulnerable y vive al borde de la pobreza. El informe reconoce que el aumento del 4% de la pobreza fue directamente atribuible al ajuste fiscal entre mediados de 2022 y mediados de 2023. Los pobres se han visto afectados de manera desproporcionada; solo la eliminación de los subsidios a la electricidad provocó una disminución del 5% en los ingresos disponibles de los hogares más pobres.

Mientras tanto, la promesa de estabilidad y recuperación no se ha materializado para el trabajador medio. Los salarios reales siguen siendo un 14% y un 24% más bajos que los niveles anteriores a la crisis para los sectores privado y público, respectivamente.

El sector público, sometido a una congelación de la contratación, ha sido el más afectado. El salario medio del sector público, que ya era bajo, pasó del 88% del PIB per cápita en 2020 a solo el 62% en 2023, lo que convierte a los salarios del gobierno en los menos competitivos para los trabajadores altamente cualificados. Estas cifras contextualizan el éxodo de trabajadores cualificados, o “fuga de cerebros”, al que se ha enfrentado el país.

Un estudio reciente reveló que se estima que 1489 médicos, incluidos especialistas, emigraron entre 2022 y 2024, lo que supuso una carga financiera de casi 41,5 millones de dólares para el Gobierno y los contribuyentes de Sri Lanka. Esta salida ha ejercido una presión significativa sobre el sistema sanitario, lo que ha provocado una escasez de especialistas clave, la interrupción de la formación médica y el aumento de las disparidades en el acceso a la atención sanitaria.

Ausencias notables

El informe contiene una gran cantidad de recomendaciones tecnocráticas para hacer más aceptable la austeridad. Muchas de estas recomendaciones, como mejorar la administración tributaria, pasar de la fiscalidad indirecta a la directa y orientar mejor el gasto público, son inofensivas en sí mismas. Se podría decir que son obvias. Donde el informe no da respuesta es en dos cuestiones estructurales fundamentales:

La bomba de la deuda: el hecho es que el gasto público total en Sri Lanka es bajo. El componente más importante del gasto público son los pagos de intereses, que representaron el 9% del PIB en 2023. Según el informe, “los gastos de Sri Lanka en concepto de pago de intereses son relativamente elevados, mientras que la masa salarial del sector público, los gastos de capital y el gasto en salud, protección social y educación son relativamente bajos”. Ningún ajuste fiscal interno puede proporcionar estabilidad a largo plazo sin desactivar la bomba de la deuda que desplaza la inversión social. Es necesaria una reestructuración o cancelación profunda.

La no transformación estructural: Las palabras “fabricación” o “industrialización” apenas aparecen en el informe. Naturalmente, el Banco Mundial, con su larga trayectoria de prescribir un modelo de desarrollo basado en las exportaciones agrícolas y los servicios, muestra poca preocupación por la transformación estructural. El problema del gasto público se considera casi totalmente aislado de la tarea de construir una economía moderna que pueda generar empleo y crecimiento, al tiempo que se mantienen las infraestructuras y los servicios públicos. Equilibrar el presupuesto no transformará la economía de manera que se evite la próxima crisis; se necesita una planificación a largo plazo y una política industrial.

El ejemplo de Sri Lanka es uno de los muchos que hay en el Sur Global: alrededor de cincuenta y cuatro países subdesarrollados, donde viven 3400 millones de personas, gastan la mayor parte de sus ingresos fiscales en pagar a los acreedores en lugar de invertir en el bienestar de su población. En estas naciones, las reclamaciones de los acreedores prevalecen sobre la dignidad de los seres humanos.

¿Cuándo se saciará el apetito de los acreedores? ¿Cómo se pueden obtener la financiación y las transferencias de tecnología necesarias para la transformación estructural? Estas son preguntas que el Banco Mundial no quiere plantear. En cambio, insiste en que lo que se ha hecho antes se puede volver a hacer, solo que de una manera más “equilibrada”.