El 13 de octubre de 2023, Al-Haq fue una de las primeras organizaciones en advertir a los Estados que debían intervenir para detener el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza. La continuidad de décadas de deshumanización de los palestinos – una población sometida a la condición de refugiados, a la denegación del retorno, a asesinatos, a la tortura, a la apropiación de bienes y al saqueo –, fragmentada y subyugada por el violento régimen de apartheid colonialista de los colonos israelíes, ha dado lugar a una Nakba continua, a un borrado colonial constante y a una destrucción cada vez mayor del pueblo palestino.

La destrucción y aniquilación sistemáticas de la Franja de Gaza por parte de Israel desde el 7 de octubre de 2023 han acabado con toda apariencia de vida palestina, dejando a Gaza en ruinas: las viviendas palestinas, los locales comerciales, los cementerios, las industrias, las escuelas, las universidades, los hospitales, las mezquitas, los bienes culturales, las carreteras, los lugares emblemáticos y la infraestructura han sido destruidos, arrasados hasta convertirse en un páramo yermo de escombros. Israel ha alterado radicalmente el territorio de Gaza, construyendo caminos militares, corredores, fortificaciones y terraplenes de tierra, apropiándose de más del 70% del territorio palestino dentro de la llamada “Línea Amarilla”, una línea de demarcación en constante expansión que las Fuerzas de Ocupación de Israel (IOF) han proclamado como una “nueva frontera” en su anexión de facto. Israel impone una política de “disparar a matar” para impedir que los palestinos regresen a sus hogares y propiedades destruidas dentro de la Línea Amarilla, y los miembros del gabinete de seguridad israelí instan al asesinato indiscriminado de quienes se acerquen a la Línea Amarilla, incluso de “niños”. El gobierno israelí sigue adelante con sus planes para la construcción de asentamientos israelíes en Gaza y el traslado forzado masivo de toda la población de Gaza fuera del territorio, lo que eufemísticamente se denomina “emigración voluntaria”.

Más de 1,9 millones de palestinos en Gaza han sido desplazados y viven en tiendas de campaña improvisadas, hacinados en campamentos en Al-Mawasi, a lo largo de la costa, y bajo los aleros de bloques de apartamentos en ruinas, privados de la infraestructura básica necesaria para la supervivencia humana. A pesar del llamado alto el fuego y de la creación de la llamada Junta de Paz, Israel ha seguido impidiendo la entrada a Gaza de ayuda humanitaria y de reconstrucción a gran escala, vital para la supervivencia. En cambio, los palestinos están expuestos a los peligros de los edificios derrumbados, y todo el territorio está plagado de municiones sin detonar; en Gaza, “cada día una persona muere o resulta herida por municiones explosivas… y casi la mitad de las víctimas son niños”. Israel sigue llevando a cabo ataques letales, incluso contra palestinos que se encuentran en tiendas de campaña en zonas humanitarias, lo que eleva el total de víctimas mortales desde el llamado alto el fuego de octubre de 2025 a 1.445 palestinos muertos y 5.072 heridos, mientras que 74.228 palestinos han perdido la vida y 175.118 han resultado heridos en Gaza desde el 7 de octubre de 2023 – actos que la Comisión de Investigación de la ONU ha calificado de genocidio.

Resulta imposible que los equipos forenses y los investigadores ingresen a Gaza para investigar el genocidio y los crímenes internacionales. Israel controla todos los puntos de acceso a Gaza, incluido el paso fronterizo de Rafah, desafiando las órdenes de medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Sudáfrica contra Israel, que exigen el cese de todas las operaciones militares en Rafah. La presencia militar continuada de Israel como potencia ocupante en Gaza viola además una Opinión Consultiva de la CIJ de julio de 2024, que exige que Israel retire de inmediato su presencia militar ilegal del territorio palestino. La recopilación de pruebas se ve gravemente obstaculizada por el bloqueo en curso que desafía las órdenes de la Corte Internacional de Justicia.

Israel ocupa ilegalmente todo el territorio palestino, incluida Gaza, y sigue incumpliendo las órdenes de la CIJ al no “tomar medidas efectivas para impedir la destrucción y garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con las denuncias de actos que entran en el ámbito de aplicación de los artículos II y III de la Convención [sobre el Genocidio]”. Esto incluye tomar medidas efectivas “para garantizar el acceso sin obstáculos a la Franja de Gaza de cualquier comisión de investigación, misión de verificación de hechos u otro órgano de investigación autorizado por los órganos competentes de las Naciones Unidas para investigar las denuncias de genocidio”.

Para impedir la recopilación de pruebas, Israel ha atacado sistemáticamente a periodistas, matando al menos a 260 desde octubre de 2023, borrando así la documentación de sus crímenes en Gaza, al tiempo que difama a los fallecidos con acusaciones falsas de participación en grupos militantes. Solo se concede acceso a Gaza a los periodistas integrados en las fuerzas armadas que son acompañados y censurados por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Como informa la Relatora Especial de la ONU, Irene Khan, “Gaza se ha convertido en el conflicto más mortífero de la historia para los periodistas”. Los asesinatos y los crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza son investigados internamente por el Fiscal General Militar de Israel, quien protege sistemáticamente al ejército israelí de cualquier sanción, incluso al retirar los cargos contra cinco soldados israelíes filmados mientras violaban en grupo a una detenida palestina – los detalles de este caso influyeron en la decisión del Secretario General de la ONU de incluir a Israel entre los países en la lista negra del registro de violencia sexual relacionada con conflictos.

La labor de Al-Haq ha utilizado la rendición de cuentas para obligar a los Estados y a las empresas a restringir su suministro de armamento a Israel y a reconocer que en Gaza se está cometiendo un genocidio, tal como lo definen las convenciones internacionales.

En este contexto, para las organizaciones de derechos humanos, como Al-Haq, cuyo trabajo respalda las investigaciones penales en curso ante la Corte Penal Internacional, la presencia en Gaza es más crucial que nunca. Al-Haq supervisa y documenta las violaciones, investigando los patrones de los ataques, con un equipo de campo ampliado que toma testimonios y recopila documentación sobre el terreno en Gaza. Esto incluye los testimonios de detenidos palestinos liberados de la prisión israelí de tortura Sde Teiman y de otros campos de detención. Esta documentación se ha utilizado en presentaciones ante la Relatora Especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado para fundamentar su informe sobre la tortura, así como ante el Comité de la ONU contra la Tortura, el cual constató una “preocupante… política estatal de tortura y malos tratos organizados y generalizados”.

Al-Haq siempre se ha comprometido a preservar las pruebas del borrado de la identidad palestina y a documentar los crímenes coloniales de los colonos israelíes. Sus registros en papel se remontan a 1979, y la institución se encuentra en proceso de digitalizar este extenso archivo para la posteridad. En la actualidad, su labor continúa tanto dentro como fuera de Palestina. El equipo está recopilando testimonios de palestinos que han abandonado Gaza, de quienes lograron escapar a Egipto antes de los ataques contra Rafah en abril de 2024, y de personal médico que ha sido testigo del genocidio en hospitales y centros de salud. Para adaptarse a las condiciones de denegación de acceso y a la escala y magnitud de la destrucción de Gaza, la Unidad de Arquitectura Forense de Al-Haq compila investigaciones digitales, reconstruyendo los ataques contra la escuela Al-Tabaeen y el Hospital Indonesio, utilizando información de código abierto e imágenes satelitales, cartografía y modelado 3D, y basándose en una amplia base de datos de videos y pruebas de código abierto cuidadosamente recopiladas, junto con un registro de declaraciones genocidas.

En los últimos tres años, Al-Haq ha dado prioridad a la rendición de cuentas, estableciendo alianzas y coaliciones con organizaciones de la sociedad civil en terceros países. El objetivo es perseguir a los responsables individuales, corporativos y estatales de crímenes internacionales y actos ilícitos internacionales que contribuyen al mantenimiento del régimen genocida de apartheid colonialista de Israel, que niega los derechos inalienables de autodeterminación y retorno de los palestinos.

Desde el 7 de octubre de 2023, Al-Haq ha asumido más de 30 casos en 13 jurisdicciones. Entre ellos se incluyen casos relacionados con armas contra Australia, Canadá, Dinamarca, Francia, los Países Bajos, Polonia, Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos. Si bien varios de estos casos fueron remitidos a los gobiernos nacionales debido a restricciones relacionadas con la separación de poderes, también se han logrado victorias muy significativas en Australia, Canadá y el Reino Unido, lo que ha dado lugar a la divulgación de importante documentación estatal que detalla el alcance del comercio de exportación de armas. La combinación de litigios y presiones de cabildeo también ha dado lugar a la restricción de las exportaciones de armas desde Canadá, los Países Bajos y el Reino Unido hacia Israel, las cuales violan el derecho internacional humanitario. Además, los casos en los Estados Unidos y los Países Bajos han dado lugar a importantes reconocimientos de un posible genocidio y de que se está cometiendo un genocidio en Gaza. Si bien estos casos son en su mayoría revisiones judiciales para detener el suministro de armas a Israel, constituyen importantes medidas de emergencia que deben considerarse un punto de presión, junto con la incidencia política y las campañas para obligar al Estado a actuar.

Al-Haq, junto con socios de Australia, Bélgica, Francia, Alemania, Italia y Suiza, también ha emprendido acciones legales contra personas como el presidente de Israel, Herzog, y el ministro de Economía de Israel, Nir Barkat, por crímenes internacionales; a raíz de ello, el ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, canceló su viaje previsto a Francia después de que Al-Haq presentara un expediente ante la Unidad de Crímenes de Guerra de ese país. En coordinación con socios y unidades de crímenes de guerra de Bélgica, Francia, Alemania e Italia, Al-Haq ha presentado expedientes de evidencia contra ciudadanos con doble nacionalidad israelí por su participación como francotiradores en la “Unidad Fantasma” de Israel en Gaza, donde mataron a palestinos en ataques genocidas. La empresa holandesa “The Four Winds”, que suministra perros de ataque a las Fuerzas de Defensa de Israel (IOF), quienes los utilizaron para infligir brutalidad, tortura y violación a detenidos palestinos, anunció el cese de sus actividades tras la acción legal conjunta de Al-Haq en los Países Bajos. En Francia, el Tribunal Judicial de París emitió una citación contra Nili Kupfer-Naouri, ciudadana con doble nacionalidad francesa e israelí y presidenta de la organización sionista de colonos “Israel Is Forever”, por complicidad en genocidio. Seguiremos persiguiendo sin tregua a los autores de las atrocidades cometidas en Gaza y contra el pueblo palestino.

Estos casos son solo una gota en el océano. Dada la magnitud de los asesinatos y otros actos genocidas, así como la clara intención estatal de destruir al pueblo palestino, la gravedad y la magnitud de estos crímenes exigen recurrir a los tribunales internacionales: la Corte Penal Internacional (CPI) y la Corte Internacional de Justicia. Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos han colaborado con la CPI desde el primer examen preliminar en 2009, y desde 2015 han presentado y siguen presentando expedientes de pruebas al fiscal, para la investigación de la situación en Palestina. El 21 de noviembre de 2024, la CPI emitió órdenes de aprehensión contra el primer ministro de Israel, Netanyahu, y el exministro de Defensa, Gallant, por crímenes internacionales contra los palestinos en Gaza, incluido el crimen de lesa humanidad de asesinato. Es posible que se presenten ante la Corte muchas más solicitudes de órdenes de aprehensión contra altos funcionarios políticos y líderes militares israelíes. Sin embargo, tras una decisión de la Corte en abril de 2025 de dejar de publicar las solicitudes de la fiscalía relacionadas con la situación en Palestina, esta información ya no es de dominio público —lo cual tiene graves consecuencias para la disuasión.

Desde entonces, la Asamblea de los Estados Partes destituyó al fiscal en un proceso disciplinario que Israel aprovechó directamente en una campaña de desprestigio dirigida, lo que dejó a la Corte en una situación frágil y vulnerable a la injerencia política y a los ataques. En septiembre de 2025, los Estados Unidos sancionó a Al-Haq, Al Mezan y el PCHR por su labor de apoyo a la CPI, además de imponer sanciones a jueces y fiscales de la CPI, así como a la Relatora Especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado. Estados Unidos ha sancionado además a la ONG palestina de defensa de los derechos de los presos Addameer, junto con representantes de la OLP y la Autoridad Palestina, con el fin de aplastar la labor internacional de rendición de cuentas sobre Palestina, paralizar las instituciones palestinas y destruir la Corte Penal Internacional. A pesar de estos intentos, nuestra labor persiste, y las órdenes de aprehensión contra Netanyahu y Gallant siguen vigentes.

Más allá de los procesos penales, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene la clave para abordar las causas fundamentales. La CIJ ya se ha pronunciado a favor de poner fin a la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado (TPO), al determinar que la ocupación israelí viola las normas imperativas del derecho internacional. El caso Nicaragua contra Alemania es posiblemente el más importante que se trata actualmente ante la CIJ en materia de responsabilidad de los Estados. El caso se refiere a la responsabilidad de Alemania por suministrar armas para mantener la presencia ilegal de Israel y el apartheid en Palestina, así como a la complicidad de Alemania y su omisión en impedir actos de genocidio en Gaza. Si el caso llega a la fase de fondo, tendrá un profundo impacto en la regulación y restricción de los actos de todos los terceros Estados en Palestina. Por último, aunque no será hasta el 2031, la CIJ conocerá el fondo del asunto en Sudáfrica contra Israel, uno de los casos más importantes que jamás se haya presentado ante la CIJ, con la posibilidad de otorgar restitución y reparaciones a Sudáfrica en beneficio del pueblo palestino y de dejar constancia histórica de la responsabilidad de Israel por el genocidio de los palestinos en Gaza.