El 21 de septiembre se cumple el segundo aniversario del gobierno del Poder Popular Nacional (NPP) de Sri Lanka, un movimiento político liderado por el partido de izquierda Janatha Vimukthi Peramuna (JVP). Hace dos años, el candidato del NPP, Anura Kumara Dissanayaka, obtuvo una victoria espectacular en unas elecciones presidenciales tripartitas y se convirtió en el primer líder de izquierda en la historia política de Sri Lanka en ocupar el cargo más alto del país.

El dramático ascenso del JVP/NPP en 2024 – que durante mucho tiempo fue una fuerza marginal en la política de Sri Lanka y solía ser menospreciado por sus oponentes como un mero partido de protesta – está relacionado con la crisis económica sin precedentes que enfrentó Sri Lanka en 2022. La crisis económica, que condujo a un incumplimiento de pago de la deuda soberana en abril de 2022, dio lugar a una crisis política que minó la confianza del público en los partidos políticos establecidos – principalmente el Sri Lanka Podujana Peramuna (SLPP), liderado por la poderosa dinastía Rajapaksa. En cierto modo, el ascenso del NPP refleja en gran medida las aspiraciones y expectativas que estuvieron en la base de las protestas públicas masivas que sacudieron a Sri Lanka en medio de la crisis económica de 2022.

En el momento de la crisis, el NPP, liderado por el JVP, planteó el panorama político como una disputa entre el pueblo y una “élite corrupta del establishment”. Este enfoque populista tenía como objetivo atraer a diversos segmentos sociales, aprovechando la decepción y el descontento de las masas hacia los partidos políticos tradicionales. El NPP se comprometió a formar un gobierno libre de corrupción y a llevar ante la justicia a los acusados de diversos esquemas de corrupción asociados con gobiernos anteriores. Además, prometió una “nueva cultura política”, en la que los representantes políticos rendirían cuentas ante el pueblo y dejarían de ejercer una función privilegiada orientada al interés propio.

Los dos años de gobierno del NPP, que el partido definió como un “gobierno del pueblo”, presentan un panorama matizado, caracterizado por una tensión entre los intentos de establecer una nueva forma de gobernanza que reflejara un efecto modernizador y las restricciones impuestas por un entorno internacional desafiante y, en gran medida, desfavorable.

Política y gobernanza

El mandato de dos años del presidente Anura Kumara Dissanayaka se caracterizó por un proceso continuo y sin precedentes de transformación de la política y la gobernanza del país. Hubo un intento significativo de desmantelar lo que Dissanayaka describió como el establishment político corrupto. Factores como la corrupción generalizada, el nepotismo, el clientelismo político a favor de actividades ilícitas del submundo y la impunidad de la que goza la élite política han sido características marcantes de la vida política cotidiana de Sri Lanka durante décadas. El gobierno del NPP lanzó un programa ambicioso para revertir estas tendencias. A continuación se presentan algunos avances significativos.

La lucha contra la corrupción se ha convertido en un rasgo destacado de la política cotidiana en los más altos niveles del gobierno, lo que ha contribuido a una marcada disminución de la apropiación de recursos públicos para beneficio personal. Además, se ha roto de manera significativa el vínculo entre el mundo del crimen organizado y la gobernanza, que había sido una característica duradera de la política de Sri Lanka. Se ha incorporado un sentido de altruismo y modestia al estilo de gobierno.

El gobierno ha eliminado muchos de los privilegios otorgados a quienes ocupan cargos políticos, incluidas las pensiones para parlamentarios y expresidentes. Los bungalós de lujo que en el pasado se utilizaban como residencias ministeriales se han destinado al uso público.

Además, el Gobierno inició una campaña para acabar con la impunidad, lo que dio lugar a la investigación y el juicio de muchas figuras políticas prominentes asociadas a la antigua élite política. Por ejemplo, por primera vez en la historia del país, un expresidente, Ranil Wickremasinghe, fue detenido y ahora enfrenta un proceso judicial acusado de malversación de fondos públicos. Figuras destacadas de la otrora poderosa dinastía Rajapaksha también se encuentran a la espera de juicio. Garantizar que se haga justicia por los delitos cometidos por quienes ostentaban el poder también ha sido una demanda prominente en las protestas de 2022.

En el ámbito de la gobernanza cotidiana, los cambios también son visibles. Por ejemplo, la afiliación política parece desempeñar un papel considerablemente menos significativo en las decisiones relativas a la contratación para puestos en el sector público y a la elegibilidad para los programas de asistencia social. Las prácticas de nepotismo se han restringido de manera significativa. Los partidos tradicionales de Sri Lanka, que históricamente se organizaron en torno a poderosas familias políticas, a menudo facilitaron la reproducción del poder a través de conexiones familiares y personales. Por el contrario, el JVP/NPP, que se rige por los principios del centralismo democrático, representa un cambio notable en su forma de actuar. Hoy en día, las responsabilidades administrativas parecen asignarse en gran medida en función del mérito, y no de los vínculos dinásticos.

Otro logro significativo es evidente en el ámbito de las relaciones étnicas. El Gobierno – que también obtuvo el mayor número de escaños en las provincias del Norte y del Este, de habla tamil, durante las elecciones parlamentarias de 2024 – ha reiterado en repetidas ocasiones su compromiso con la construcción de la “unidad nacional” y la lucha contra el comunalismo. Ciertamente, los problemas derivados de la discriminación estructural que enfrentan las comunidades minoritarias no se han resuelto por completo, y aún queda mucho por hacer al respecto. Sin embargo, el hecho de que el Gobierno se distancie del discurso de la supremacía etnonacionalista y adopte una postura de igualdad para todas las comunidades étnicas contrasta fuertemente con la situación de Sri Lanka de hace algunos años.

En un país como Sri Lanka, en el que la política y la gobernanza han estado profundamente entrelazadas con prácticas de nepotismo, privilegios exorbitantes, clientelismo político y tácticas divisorias para incitar al odio entre las comunidades étnicas, las medidas antes mencionadas revisten una importancia no menos significativa. Esto representa un esfuerzo por aportar un sentido de modernización a la política y la gobernanza del país, un renacimiento de la calidad democrática del sistema político, lo cual también constituye la dimensión central del mandato del NPP en 2024.

Restricciones económicas

Sin embargo, la transformación política no puede separarse de las consideraciones económicas, y es en este punto donde el gobierno del NPP ha estado enfrentando una situación desafiante. El manifiesto electoral del NPP para 2024 hablaba de una “economía basada en la producción” que enfatizaba el papel del Estado en la definición de la trayectoria de desarrollo del país. También esbozaba una serie de medidas sociales – en particular, la mejora de los servicios públicos, como la educación gratuita, la atención médica y el transporte público. Sin embargo, una vez en el poder, el gobierno del NPP se vio obligado a lidiar con un entorno económico complejo que resultó ser menos favorable a la visión esbozada en el manifiesto.

Tras el incumplimiento de pago de la deuda en abril de 2022, Sri Lanka inició negociaciones con sus acreedores externos para alcanzar un acuerdo de reestructuración de la deuda, facilitado por un programa de Facilidad de Financiamiento Ampliado (EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa del FMI negociado por el gobierno anterior de Ranil Wickremasinghe se caracterizó por una serie de condicionalidades, entre ellas un objetivo agresivo de consolidación fiscal basado en los ingresos, la eliminación de subsidios a servicios públicos como la electricidad y el combustible, y normas estrictas de financiamiento monetario.

En 2024, el gobierno del NPP heredó el programa del FMI y un acuerdo con los tenedores de deuda externa, que ha sido ampliamente criticado por imponer una carga desproporcionada a Sri Lanka.

Antes de las elecciones, la postura del NPP era que no tenía intención de repudiar el acuerdo con el FMI, pero que intentaría renegociarlo para aliviar la carga sobre la población. Parece que esa postura se debió a la preocupación de que el incumplimiento del programa tendría repercusiones adversas para la frágil economía, que apenas está comenzando a recuperarse.

Por lo tanto, el Gobierno del NPP ha actuado en los últimos dos años dentro de las restricciones que heredó debido al programa del FMI. Esto ha dado lugar a la acusación de que el nuevo Gobierno ha seguido las mismas políticas económicas que su predecesor. Hay una verdad parcial en esta afirmación, ya que el Gobierno del NPP, en cumplimiento del acuerdo con el EFF, tuvo que adherirse a sus parámetros generales.

Sin embargo, ciertas discontinuidades indican que dicha adhesión se debe a la necesidad, y no a un compromiso ideológico. El cambio más notable es la reversión del proceso de privatización a gran escala iniciado por el régimen anterior. El Gobierno se comprometió a mantener la propiedad estatal de sectores estratégicamente importantes de la economía. Por ejemplo, se revirtió el plan de dividir las funciones de la Junta de Electricidad de Ceilán (CEB) en doce empresas, con el fin de llevar a cabo la privatización, garantizando así la propiedad estatal de las empresas que sucedieron a la CEB.

Decisiones como la reactivación de la Junta de Comercialización del Arroz (Paddy Marketing Board) para comprar arroz directamente a los agricultores, con el fin de controlar la influencia oligárquica en el mercado del arroz con cáscara, y el ambicioso proyecto que el Gobierno ha puesto en marcha para transformar el transporte público mediante mayores inversiones en la empresa estatal Junta de Transporte de Sri Lanka (Sri Lanka Transport Board) son otros ejemplos que demuestran el interés por defender la intervención estatal en la economía. El Gobierno también puso fin a la moratoria sobre la contratación en el sector público impuesta por el régimen anterior.

Además, se ha prestado una atención considerable a la expansión del gasto social. Por ejemplo, se aumentaron las transferencias directas de ingresos para las familias que viven por debajo del umbral de pobreza, y se ampliaron los subsidios para grupos vulnerables, como las personas mayores y las personas con discapacidad. Se han realizado asignaciones significativas para ampliar el programa de suministro de comidas gratuitas para niños en edad escolar. Se ha introducido un nuevo programa para mejorar la atención médica primaria en zonas rurales, entre otras cosas, con el fin de reducir la dependencia de los pacientes respecto a las entidades médicas privadas para la atención primaria de la salud. Además, se produjo un aumento sustancial en los subsidios para pequeños productores, como agricultores y pescadores.

¿Independencia económica?

A pesar de estos esfuerzos, el limitado margen fiscal y político impuesto por el programa del FMI sigue obstaculizando las prioridades del gobierno. Ciertas promesas del NPP relacionadas con el bienestar social – como la exención de impuestos sobre alimentos esenciales y material educativo – tuvieron que sacrificarse para cumplir con las metas fiscales exigidas por el programa. Las estrictas metas fiscales y las restricciones a la financiación monetaria seguirán imponiendo limitaciones significativas a la capacidad del gobierno para seguir una trayectoria de desarrollo.

Además, se espera que Sri Lanka comience a pagar los intereses de su deuda comercial externa a partir de 2028, lo que probablemente aumentará los encargos financieros del país. Sri Lanka enfrenta otros obstáculos económicos externos, como los aranceles impuestos por el gobierno de Trump a las exportaciones del país y la presión sobre la balanza de pagos derivada del conflicto en Asia Occidental.

Las condiciones económicas – una mejora en la vida de la gente común – son cruciales para sostener el proceso de modernización que el Gobierno del NPP ha emprendido en materia de política y gobernanza. Un deterioro o estancamiento en los niveles de vida de la población probablemente servirá de base para la movilización de los partidos que representan a la antigua élite. Esto podría socavar la legitimidad que el Gobierno ha logrado hasta ahora a través de sus reformas políticas.

En un discurso reciente pronunciado en un mitin público para conmemorar el segundo aniversario del Gobierno – al destacar los logros de los últimos dos años –, el presidente Dissanayaka afirmó que el objetivo final es alcanzar la soberanía económica. Admitió que el país aún está lejos de eso. En el contexto de una arquitectura económica internacional insensible a las aspiraciones de desarrollo de las naciones pequeñas y más débiles, y de un entorno político hostil marcado por políticas unilaterales agresivas adoptadas por las superpotencias, es probable que el Gobierno de Sri Lanka enfrente una ardua batalla. Queda por ver cómo pretende superar estos desafíos.