En Colombia, en la medida en que los cuerpos represivos del Estado (la polic\u00eda y los militares) utilizan la violencia para tratar de reprimir las movilizaciones masivas que surgieron del paro nacional, los y las manifestantes presencian flagrantes violaciones de sus derechos humanos.<\/p>\n
Los medios hegem\u00f3nicos de comunicaci\u00f3n colombianos \u2012 y del continente en general \u2012 guardan un silencio selectivo sobre las atrocidades. Para romper el bloqueo medi\u00e1tico, las personas que buscan conocer o compartir informaci\u00f3n sobre la situaci\u00f3n actual, han tenido que recurrir a las redes sociales. Durante el d\u00eda, circulan fotos de marchas coloridas y alegres movilizaciones. Por la noche, a un ritmo desesperante, comienzan a aparecer v\u00eddeos terror\u00edficos: el Escuadr\u00f3n M\u00f3vil Antidisturbios (ESMAD) y la polic\u00eda disparando armas de fuego contra manifestantes indefensos, agentes de las fuerzas de seguridad disparando o apresando j\u00f3venes en las barriadas, aterrorizando a la poblaci\u00f3n, madres llorando y gritando porque sus hijas o hijos fueron asesinados.<\/p>\n
Seg\u00fan Temblores e Indepaz<\/a>, dos organizaciones de derechos humanos que han hecho seguimiento a las denuncias de violencia policial, entre el 28 de abril y el 8 de mayo, las acciones violentas de las fuerzas de seguridad del Estado provocaron la muerte de al menos 47 personas, la detenci\u00f3n arbitraria de 963 personas, 28 v\u00edctimas de lesiones oculares y 12 v\u00edctimas de violencia sexual. En total, se registraron 1.876 casos de violencia policial.<\/p>\n Tambi\u00e9n se ha denunciado<\/a> que, adem\u00e1s de los constantes y sistem\u00e1ticos ataques de las fuerzas de seguridad a los y las manifestantes, las personas que desempe\u00f1an funciones de acompa\u00f1amiento y verificaci\u00f3n en las movilizaciones \u2012 defensores de derechos humanos, periodistas<\/a> y personal de salud \u2012 han sido objeto de ataques y violaciones de sus derechos por parte de la polic\u00eda. El ataque<\/a> armado en Cali contra un grupo de defensores de derechos humanos que acompa\u00f1aba, el 3 de mayo, la misi\u00f3n de verificaci\u00f3n de Naciones Unidas fue ampliamente condenado, pero lejos de ser una excepci\u00f3n, esto forma parte de una estrategia de terror e intimidaci\u00f3n dirigida hacia quienes se manifiestan en contra de la represi\u00f3n estatal.<\/p>\n Tras varias noches de terror, la comunidad internacional rompi\u00f3 el silencio. El 4 de mayo, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas emiti\u00f3 un comunicado<\/a> contundente en el que se expresa \u201cprofundamente alarmada\u201d por lo que est\u00e1 ocurriendo en Cali, donde \u201cla polic\u00eda abri\u00f3 fuego contra los manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales, matando e hiriendo a varias personas\u201d. El organismo internacional recuerda a las autoridades del Estado colombiano que tienen la \u201cresponsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reuni\u00f3n pac\u00edfica\u201d. Tras la declaraci\u00f3n de la ONU, la UE, Estados Unidos y otros pa\u00edses se sumaron<\/a> a condenar la situaci\u00f3n y pedir al Gobierno colombiano que retire el ej\u00e9rcito de las calles y detenga la violencia contra la poblaci\u00f3n civil.<\/p>\n Sin embargo, en lugar de retirar a las fuerzas p\u00fablicas o contener su violencia, el Gobierno nacional y las autoridades locales han intensificado la represi\u00f3n y est\u00e1n utilizando sus canales de comunicaci\u00f3n para se\u00f1alar a las personas que participan en las protestas como v\u00e1ndalos y terroristas<\/a>, en un intento por justificar lo que pueda ocurrir si caen en manos de las autoridades.<\/p>\n \u00bfQu\u00e9 motiv\u00f3 las protestas?<\/strong><\/p>\n El paro nacional comenz\u00f3 el 28 de abril y fue convocado para luchar contra un proyecto de ley que aumentar\u00eda los impuestos a los bienes de consumo diario, a los servicios p\u00fablicos y a las pensiones, entre otras cosas. Este proyecto impactar\u00eda directamente a la clase trabajadora, que ya est\u00e1 sufriendo por el impacto de la pandemia y el bloqueo. El 2 de mayo el presidente de Colombia, Iv\u00e1n Duque, anunci\u00f3<\/a> que retirar\u00eda el proyecto de ley, pero tambi\u00e9n afirm\u00f3 que presentar\u00eda uno nuevo, elaborado con otros partidos pol\u00edticos. Sin embargo, la reforma fiscal no es m\u00e1s que la punta del iceberg. Durante las \u00faltimas tres d\u00e9cadas, el modelo neoliberal se ha consolidado en Colombia: el Estado no garantiza a los ciudadanos derechos b\u00e1sicos como educaci\u00f3n, salud y vivienda.<\/p>\n Seg\u00fan un estudio<\/a> realizado por el \u00cdndice de Desarrollo Regional-Am\u00e9rica Latina en octubre de 2020, Colombia es uno de los pa\u00edses m\u00e1s desiguales de la regi\u00f3n y tiene la mayor brecha de desarrollo entre sus regiones.<\/p>\n El DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estad\u00edstica) public\u00f3 el 29 de abril de 2021 un informe<\/a> en el que estima que 21 millones de personas, es decir, el 42,5% de la poblaci\u00f3n, vive en la pobreza, lo que supone un aumento del 6,8% respecto al a\u00f1o pasado. Adem\u00e1s, confirma que 7,4 millones de personas viven en la pobreza extrema. Las cifras del DANE<\/a> tambi\u00e9n indican que el 49,2% de la poblaci\u00f3n trabajadora s\u00f3lo tiene un empleo informal, pero seg\u00fan Milena Ochoa<\/a>, directora de la Corporaci\u00f3n para la Educaci\u00f3n e Investigaci\u00f3n Popular-Instituto Nacional Sindical (CEDINS), la cifra real podr\u00eda estar m\u00e1s cerca del 70%.<\/p>\n Estas poblaciones han sido especialmente afectadas por las medidas de restricci\u00f3n activadas para combatir la pandemia del COVID-19, sobre todo porque el Gobierno ha hecho poco por proporcionar ayuda econ\u00f3mica. Otro informe<\/a> del DANE mostr\u00f3 que entre marzo de 2020 y abril de 2021, el 87,3% de las muertes por COVID-19 correspond\u00edan a personas de los tres estratos socioecon\u00f3micos m\u00e1s bajos del pa\u00eds. A pesar de tener una poblaci\u00f3n de apenas 50 millones de habitantes, hasta el 10 de mayo<\/a>, Colombia ocupaba el 12\u00ba lugar a nivel mundial en n\u00famero de casos confirmados de COVID-19, con 3.002.758, y el 11\u00ba en n\u00famero de muertes por la enfermedad, con 77.854.<\/p>\n Es de estos sectores empobrecidos que el Gobierno quiere tomar recursos para resolver el d\u00e9ficit fiscal y no, por ejemplo, de Luis Carlos Sarmiento del Grupo Aval, quien controla un tercio del sistema bancario en Colombia; o de Alejandro Santo Domingo, due\u00f1o de varias empresas de telecomunicaciones, de la cervecera Anheuser-Busch InBev y de varios centros comerciales; o de Carlos Ardila L\u00fclle, due\u00f1o de empresas azucareras y canales de televisi\u00f3n.<\/p>\n Colombia: Estado genocida<\/strong><\/p>\n A lo largo de los 60 a\u00f1os de conflicto armado interno en Colombia, las organizaciones de derechos humanos, los sindicatos y los movimientos sociales han sido catalogados por el Estado como enemigos internos. El tratamiento estatal del conflicto pol\u00edtico y social interno corresponde al de una guerra que se libra contra un bando enemigo y ha llevado al desarrollo de una pol\u00edtica de contrainsurgencia contra el pueblo organizado, dejando sin lugar democr\u00e1tico a las diferentes formas organizativas de la oposici\u00f3n y respondiendo con criminalizaci\u00f3n y persecuci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n Seg\u00fan el discurso del Estado, lo que ha sufrido Colombia durante m\u00e1s de seis d\u00e9cadas no es un conflicto de origen social, sino una guerra entre bandidos, como se describe en la teor\u00eda de los dos demonios<\/a> que padecieron Am\u00e9rica Latina y el Caribe durante la implementaci\u00f3n de la Operaci\u00f3n C\u00f3ndor, dirigida por la CIA. Este enemigo del Estado ha ido cambiando de nombre, dependiendo \u2012 no por coincidencia \u2012 de las orientaciones del Pent\u00e1gono, es decir, de la pol\u00edtica exterior de Estados Unidos. La oposici\u00f3n pol\u00edtica al r\u00e9gimen capitalista y terrateniente fue criminalizada en la \u201cguerra contra el comunismo\u201d, luego en la \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d y finalmente en la \u201cguerra contra el terrorismo\u201d. Con estas excusas, el Estado colombiano \u2012 con un enorme apoyo estadounidense que va desde el entrenamiento militar hasta la financiaci\u00f3n concreta para mejorar el aparato represivo del Estado \u2012 ha atacado sistem\u00e1ticamente todos los procesos organizativos que buscan cambiar el statu quo<\/em> de desigualdad y autoritarismo. A lo largo de la historia, ha buscado limitar la participaci\u00f3n pol\u00edtica de la oposici\u00f3n a cualquier costo, a trav\u00e9s del desmantelamiento de las organizaciones y el exterminio directo.<\/p>\n Todo esto se ve reflejado en las tr\u00e1gicas experiencias del siglo XX colombiano: desde Guadalupe Salcedo, l\u00edder guerrillero asesinado por el Estado en 1957 (rompiendo el acuerdo para su desmovilizaci\u00f3n) hasta los genocidios de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica<\/a>, A Luchar<\/a>, y otros movimientos y partidos pol\u00edticos surgidos de los acuerdos de paz durante la d\u00e9cada de los 80, que suman 4.000 personas exterminadas en campos y ciudades colombianas a trav\u00e9s del plan militar Danza Roja, ejecutado durante la d\u00e9cada de los 80 y 90. Actualmente, las masacres contin\u00faan con el asesinato sistem\u00e1tico de l\u00edderes sociales y pol\u00edticos: desde 2016 hasta la fecha, m\u00e1s de 1.000 personas han sido asesinadas por razones pol\u00edticas<\/a>.<\/p>\n Para el Estado colombiano, cualquier expresi\u00f3n de oposici\u00f3n es declarada extraoficialmente como objetivo de guerra, a ser \u201catendido\u201d por el propio aparato represivo del Estado o por las fuerzas paramilitares. El paramilitarismo en Colombia ha sido una pol\u00edtica de Estado, a partir de la que se han creado \u2012 con la connivencia y el financiamiento de diferentes Gobiernos \u2012 diversas estructuras armadas ilegales que se encargan del \u201ctrabajo sucio\u201d que en teor\u00eda el Estado no puede hacer, pero que sin embargo hace, como lo demuestran las cientos de denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas estatales.<\/p>\n Es en este contexto que se puede entender la extrema violencia que ejercen hoy las fuerzas de seguridad contra los y las manifestantes del paro nacional. Para el Estado, la multitud de personas en las calles no es m\u00e1s que un grupo de \u201cv\u00e1ndalos y terroristas\u201d. El tratamiento militar de la protesta social es un problema central que se origina en el hecho de que en Colombia, a diferencia de otros pa\u00edses, las fuerzas de seguridad y de defensa son consideradas como parte de la misma fuerza represiva y dependen del Ministerio de Defensa. Esencialmente, se maneja una protesta civil como se manejar\u00eda un campo de batalla. Esta analog\u00eda es la \u00fanica forma de entender c\u00f3mo la Polic\u00eda Nacional abre fuego contra los manifestantes, c\u00f3mo los helic\u00f3pteros sobrevuelan los barrios residenciales y c\u00f3mo hay un n\u00famero escandaloso de personas detenidas, torturadas y desaparecidas en el marco de este paro nacional.<\/p>\n Vientos de cambio: Colombia Anti-Uribista<\/strong><\/p>\n El levantamiento social en calles y plazas de los peque\u00f1os pueblos y ciudades de toda Colombia responde a un acumulado de a\u00f1os priorizando el gasto militar por encima de las garant\u00edas a los derechos b\u00e1sicos de salud, educaci\u00f3n y vivienda, criminalizando el movimiento social, se\u00f1alando a los l\u00edderes y lideresas sociales y defensores de los derechos humanos como terroristas, asesinando con absoluta impunidad y haciendo todo lo posible por desalentar la participaci\u00f3n pol\u00edtica de las y los ciudadanos. Lo que vemos hoy en Colombia es una movilizaci\u00f3n sin precedentes, que ha sido capaz de politizar a una generaci\u00f3n que el neoliberalismo hubiera preferido mantener despolitizada y sin interesarse por nadie m\u00e1s que por ellos mismos.<\/p>\n La crisis social y pol\u00edtica en Colombia creci\u00f3 como una bola de nieve, y hoy los movimientos populares podr\u00edan crear un cambio significativo en la direcci\u00f3n del pa\u00eds. El Estado, liderado por el Gobierno uribista de Iv\u00e1n Duque y \u00c1lvaro Uribe, parece haber superado su tiempo, y responde a esta enorme fiesta popular de cambio y transformaci\u00f3n con una receta cl\u00e1sica: represi\u00f3n, asesinato, encarcelamiento, amenazas y miedo, intentando arrasar con todo lo que encuentra a su paso.<\/p>\n A pesar de todo esto, los colombianos y colombianas de todas las edades est\u00e1n respondiendo con organizaci\u00f3n, resistencia y alegr\u00eda, inundando las calles con la bandera tricolor y abrazando este grito de justicia. Estas personas organizan ollas populares, se cuidan entre s\u00ed durante la violenta represi\u00f3n y bailan, juntas, salsa y joropo.<\/p>\n La era est\u00e1 pariendo un coraz\u00f3n, dice la canci\u00f3n del cantautor cubano Silvio Rodr\u00edguez. En Colombia, el pueblo est\u00e1 pariendo un nuevo pa\u00eds. La estrategia del Estado ya no funciona. Hoy, el deseo de cambiar y avanzar de la Colombia b\u00e9lica y colonial a una Colombia digna y humana para todos supera el miedo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En Colombia, en la medida en que los cuerpos represivos del Estado (la polic\u00eda y los militares) utilizan la violencia para tratar de reprimir las movilizaciones masivas que surgieron del paro nacional, los y las manifestantes presencian flagrantes violaciones de sus derechos humanos. 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