El presidente venezolano Nicol\u00e1s Maduro es inocente. Esta es una afirmaci\u00f3n de derecho y de hecho, ya que Maduro no ha sido condenado por ning\u00fan delito. Se ha declarado inocente de todos los cargos que se le imputan, y las acusaciones formuladas por los Estados Unidos siguen siendo precisamente eso: acusaciones. En virtud de la presunci\u00f3n de inocencia \u2013 reconocida en la Constituci\u00f3n de los Estados Unidos y en el art\u00edculo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos \u2013, la carga de la prueba recae \u00edntegramente en la fiscal\u00eda para demostrar la culpabilidad. No es Maduro quien debe demostrar su inocencia, sino que es el Gobierno de los Estados Unidos quien debe demostrar su culpabilidad.<\/p>\n
El 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses ingresaron ilegalmente a Venezuela, atacaron objetivos en Caracas y sus alrededores, detuvieron al presidente Maduro, a su esposa y a una funcionaria electa, Cilia Flores, y los trasladaron a los Estados Unidos. Dos d\u00edas despu\u00e9s, encadenado y herido, Maduro compareci\u00f3 ante un tribunal federal en Manhattan. \u201cSoy inocente. No soy culpable\u201d, declar\u00f3<\/a> ante el tribunal. Ambos acusados se declararon inocentes y actualmente se encuentran encarcelados en Brooklyn a la espera de un juicio programado provisionalmente para junio de 2027.<\/p>\n Los Estados Unidos alega que Maduro particip\u00f3 en conspiraciones para importar coca\u00edna, poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y colaborar con organizaciones que Washington ha designado como grupos terroristas. Estos cargos surgieron de una acusaci\u00f3n formal<\/a> anunciada durante el primer mandato presidencial de Donald Trump en marzo de 2020. El caso se ampli\u00f3 considerablemente despu\u00e9s de que Maduro fuera detenido mediante una cuarta acusaci\u00f3n sustitutiva<\/a>. Sin embargo, una acusaci\u00f3n no constituye evidencia probada ante un tribunal. Se trata de un documento elaborado por los fiscales y aprobado mediante un proceso ante un gran jurado, en el que la defensa normalmente no est\u00e1 representada ni se le permite impugnar la versi\u00f3n del gobierno.<\/p>\n La fiscal\u00eda se basa en gran medida en la idea de que Maduro dirig\u00eda el llamado Cartel de los Soles<\/i>. Pero incluso organizaciones profundamente hostiles al gobierno venezolano reconocen que no se trata de un cartel en el sentido convencional. El nombre se ha utilizado desde hace mucho tiempo<\/a> como un t\u00e9rmino gen\u00e9rico para referirse a diversos funcionarios venezolanos presuntamente involucrados en actividades delictivas, mucho antes de que Maduro ingresara a la vida pol\u00edtica. No describe una organizaci\u00f3n con una membres\u00eda comprobada, una estructura de mando, una sede central o una cadena de mando comparable a la del C\u00e1rtel de Sinaloa de M\u00e9xico. Cuando Washington design\u00f3 al Cartel de los Soles como organizaci\u00f3n terrorista extranjera en 2025, la Associated Press se\u00f1al\u00f3<\/a> que \u201cno era un c\u00e1rtel propiamente dicho\u201d.<\/p>\n Esto es importante porque el lenguaje de la fiscal\u00eda desempe\u00f1a gran parte de su labor pol\u00edtica. Las acusaciones relativas a actos individuales de corrupci\u00f3n se agrupan para crear la imagen de una organizaci\u00f3n unificada; luego, dicha organizaci\u00f3n se atribuye al Estado venezolano, y la responsabilidad de todo lo que presuntamente haya hecho cualquier persona dentro de esa red difusa recae sobre Maduro. La acusaci\u00f3n a\u00fan debe demostrar que Maduro se uni\u00f3 a sabiendas a las conspiraciones espec\u00edficas que se le imputan. La autoridad pol\u00edtica sobre un Estado en el que se cometen delitos no establece por s\u00ed misma la responsabilidad penal personal por dichos delitos.<\/p>\n Venezuela no es un gran productor de hoja de coca ni de coca\u00edna. Los principales pa\u00edses productores de coca\u00edna siguen siendo<\/a> Colombia, Per\u00fa y Bolivia. Venezuela ha sido utilizada como territorio de tr\u00e1nsito, particularmente para la coca\u00edna procedente de la vecina Colombia. Sin embargo, el tr\u00e1nsito a trav\u00e9s de un pa\u00eds no prueba que su presidente dirija el tr\u00e1fico, ni corrobora la extravagante imagen pol\u00edtica de Venezuela como la fuente central de las drogas que ingresan a los Estados Unidos. La propia evaluaci\u00f3n de amenazas<\/a> de 2025 de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de los EE. UU. (DEA) se centr\u00f3 de manera abrumadora en las organizaciones mexicanas y sus cadenas de suministro. El comercio mundial de coca\u00edna opera principalmente a trav\u00e9s de la producci\u00f3n en la regi\u00f3n andina, los corredores de exportaci\u00f3n mar\u00edtimos, Centroam\u00e9rica y M\u00e9xico, no a trav\u00e9s de una sola organizaci\u00f3n supuestamente dirigida desde el palacio presidencial venezolano. La investigaci\u00f3n<\/a> de la Corte Penal Internacional sobre la situaci\u00f3n en Venezuela, por ejemplo, es una investigaci\u00f3n sobre presuntos delitos que se encuentran dentro de su jurisdicci\u00f3n. No se trata de una condena contra Maduro y no ha dado lugar a un fallo individual de culpabilidad en su contra.<\/p>\n Se espera que el gobierno de los Estados Unidos se base en testigos cooperantes, entre ellos el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal<\/a> y el exgeneral Cl\u00edver Alcal\u00e1<\/a>. Ambos se declararon culpables de delitos graves en los Estados Unidos. Sus testimonios no pueden considerarse como una verdad imparcial. Los acusados que cooperan pueden esperar obtener beneficios en la sentencia al colaborar con los fiscales. Por lo tanto, sus afirmaciones deben ser corroboradas y sometidas a un contrainterrogatorio. Hasta que eso suceda, sus declaraciones no establecen la culpabilidad de Maduro. De hecho, es mejor considerar sus declaraciones como prueba de su propio intento por aliviar sus sentencias y limpiar sus reputaciones mancilladas.<\/p>\n Las circunstancias bajo las cuales Maduro fue llevado ante el tribunal estadounidense plantean un problema a\u00fan m\u00e1s grave. Washington no solicit\u00f3 la extradici\u00f3n mediante un proceso legal acordado. Emple\u00f3 la fuerza militar dentro de otro pa\u00eds soberano sin el consentimiento de Venezuela ni la autorizaci\u00f3n del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El art\u00edculo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas proh\u00edbe la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol\u00edtica de un Estado, con sujeci\u00f3n a excepciones muy limitadas, como la leg\u00edtima defensa. La detenci\u00f3n de una persona acusada de delitos relacionados con las drogas no es una de esas excepciones. Los especialistas en derecho internacional describieron la operaci\u00f3n como un uso il\u00edcito de la fuerza, mientras que gobiernos como los de Brasil<\/a>, M\u00e9xico<\/a> y China<\/a> condenaron la violaci\u00f3n de la soberan\u00eda venezolana.<\/p>\n