Un sistema que se expande solo<\/b><\/p>\n
El temor a las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU), o sanciones, no es infundado. Por ejemplo: desde 2018 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) aplic\u00f3 sanciones contra el uso por parte de Ir\u00e1n de las criptomonedas<\/a>; la naturaleza descentralizada de la blockchain no ofrece ya ninguna inmunidad. Cualquier exchange o proveedor de servicios de activos virtuales con alg\u00fan nexo con los Estados Unidos \u2013 ya sea por estar incorporado all\u00ed, tener clientes estadounidenses o procesar transacciones en d\u00f3lares \u2013 queda obligado a bloquear operaciones, verificar direcciones IP y reportar activos congelados, bajo amenaza de multas millonarias y exclusi\u00f3n del sistema financiero en d\u00f3lares; lo mismo pas\u00f3 con el Petro en el caso venezolano. El resultado es un r\u00e9gimen que se autorreplica: no hace falta que Washington sancione directamente a un actor para que ese actor quede aislado. Basta con que terceros, por precauci\u00f3n, decidan no arriesgarse, esto es el sobrecumplimiento.<\/p>\n Lo que dicen los n\u00fameros: el costo humano<\/b><\/p>\n Durante a\u00f1os, el argumento de que las sanciones son \u201cquir\u00fargicas\u201d o \u201cdirigidas\u201d \u2013 que golpean a gobiernos sin da\u00f1ar a las poblaciones \u2013 ha sido dif\u00edcil de refutar con datos duros. Eso cambi\u00f3 con un estudio del Centro de Investigaciones de Pol\u00edtica Econ\u00f3mica (CEPR)<\/a> de Washington: un an\u00e1lisis de panel comparativo sobre sanciones y mortalidad por grupos de edad, con datos de 170 pa\u00edses entre 1971 y 2021 que presenta hallazgos contundentes: las sanciones elevan las tasas de mortalidad en todos los grupos etarios, no solo en poblaciones vulnerables espec\u00edficas; la mortalidad en menores de un a\u00f1o aumenta un 21%, producto del colapso en salud, nutrici\u00f3n y acceso a medicamentos; a mayor duraci\u00f3n del bloqueo, mayor mortalidad, lo que desmonta la idea de que el impacto es un \u201cshock temporal\u201d que las sociedades eventualmente absorben; la vulnerabilidad espec\u00edfica en salud materna y carga de cuidados las expone de forma desproporcionada a los efectos del bloqueo. Finalmente: las medidas unilaterales impuestas por Washington resultan m\u00e1s mort\u00edferas que las decididas por el Consejo de Seguridad de la ONU o por otros bloques.<\/p>\n Cuando la sanci\u00f3n se vuelve arma pol\u00edtica<\/b><\/p>\n El gobierno estadounidense ha expandido el uso pol\u00edtico de las MCU, dirigi\u00e9ndolas no solo contra gobiernos e instituciones, sino que en \u00faltimos a\u00f1os las ha dirigido contra personas concretas cuyas acciones incomodan a Washington o a sus aliados.<\/p>\n En diciembre de 2025, los Estados Unidos sancion\u00f3 a dos juezas de la Corte Penal Internacional<\/a> \u2013 Gocha Lordkipanidze, de Georgia, y Erdenebalsuren Damdin, de Mongolia \u2013 por su participaci\u00f3n en investigaciones y \u00f3rdenes de arresto contra funcionarios israel\u00edes, incluido el propio primer ministro Benjamin Netanyahu. El secretario de Estado, Marco Rubio, justific\u00f3 la medida calificando las acciones de la Corte como \u201cpolitizadas\u201d y advirtiendo que Washington no tolerar\u00eda lo que consideraba una violaci\u00f3n de la soberan\u00eda estadounidense e israel\u00ed, recordando que ninguno de los dos pa\u00edses forma parte del Estatuto de Roma.<\/p>\n Las consecuencias pr\u00e1cticas de este tipo de sanci\u00f3n son severas: las magistradas afectadas ven congelados sus fondos en bancos estadounidenses y bloqueadas sus tarjetas de cr\u00e9dito \u2013 sin importar el pa\u00eds emisor, dado el alcance global del sistema financiero en d\u00f3lares \u2013, pierden la posibilidad de hacer transferencias internacionales, reservar hoteles o usar servicios cotidianos, compras por internet, etc. Es, en la pr\u00e1ctica, una forma de muerte financiera.<\/p>\n El caso de Francesca Albanese<\/a>, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, ilustra adem\u00e1s lo err\u00e1tico y politizado que puede volverse este mecanismo. Sancionada originalmente en julio de 2025 tras sus cr\u00edticas sobre Gaza y sus recomendaciones a la CPI, un juez federal suspendi\u00f3 esas sanciones en mayo de 2026 por considerar que vulneraban indebidamente la libertad de expresi\u00f3n. D\u00edas despu\u00e9s, un tribunal de apelaciones fren\u00f3 esa suspensi\u00f3n mediante medidas cautelares, y la administraci\u00f3n Trump reintrodujo las sanciones. El propio esposo de Albanese, el economista del Banco Mundial, Massimiliano Cali, enfrent\u00f3 restricciones financieras en su empleo y presiones para su destituci\u00f3n impulsadas por la ONG UN Watch, a ra\u00edz de las sanciones contra su esposa.<\/p>\n Estos dos episodios \u2013 los jueces de la CPI y Albanese \u2013 muestran que el aparato sancionador no distingue entre Estados y personas: se despliega igual contra un gobierno que contra un magistrado individual o una relatora de derechos humanos, y sus efectos colaterales alcanzan incluso a familiares sin responsabilidad directa en el asunto que motiv\u00f3 la sanci\u00f3n.<\/p>\n Venezuela: cuando el bloqueo bloquea tambi\u00e9n la ayuda humanitaria<\/b><\/p>\n El caso venezolano conecta ambos planos \u2013 el estructural y el humano \u2013 de forma particularmente cruda. Tras los terremotos que golpearon al pa\u00eds el 24 de junio de 2026, m\u00e1s de cien economistas y acad\u00e9micos<\/a> firmaron una carta dirigida al Gobierno de los Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional pidiendo levantar las sanciones econ\u00f3micas contra Venezuela y facilitar el acceso del pa\u00eds a mecanismos financieros internacionales para atender la emergencia.<\/p>\n La carta solicit\u00f3 espec\u00edficamente retirar las restricciones que afectan al Banco Central de Venezuela, a PDVSA y a otras instituciones, de modo que el pa\u00eds pudiera acceder a recursos internacionales destinados a la respuesta humanitaria y la reconstrucci\u00f3n. Organizaciones populares y sectores de la sociedad civil denunciaron en este momento enormes dificultades para recibir<\/a> y distribuir ayuda, se\u00f1alando que las sanciones impiden el acceso a fondos internacionales<\/a> y dificultan que los insumos lleguen directamente a los afectados.<\/p>\n Es un ejemplo n\u00edtido de c\u00f3mo el sobrecumplimiento descrito al inicio de este art\u00edculo \u2013 bancos y entidades que se abstienen de operar con Venezuela por temor a sanciones, m\u00e1s all\u00e1 de lo que la ley exige \u2013 termina obstaculizando incluso la respuesta a cat\u00e1strofes naturales, en las que no deber\u00eda mediar ninguna consideraci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n Un patr\u00f3n com\u00fan<\/b><\/p>\n