El ambiente en el Caribe se vuelve cada vez m\u00e1s tenso, a medida que los Estados Unidos intensifica sus amenazas militares. Bajo el enga\u00f1oso velo de la \u201cguerra contra las drogas\u201d, los Estados Unidos est\u00e1 ejecutando activamente un plan de intervenci\u00f3n militar en Venezuela, empleando fuerza letal y proyectando su poder de una manera que las instituciones legales y los l\u00edderes regionales han condenado como una profunda amenaza al orden internacional. Esta agresi\u00f3n no es una operaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n de la ley; es la negaci\u00f3n de la ley, un renacimiento neocolonial de la Doctrina Monroe, dise\u00f1ado para destruir la soberan\u00eda de Venezuela, tomar el control de las mayores reservas de petr\u00f3leo del mundo e instalar un r\u00e9gimen d\u00f3cil.<\/p>\n
Licencia para matar: el precedente del asesinato de Estado<\/b><\/p>\n
La escalada actual se ha caracterizado por una escalofriante adopci\u00f3n de la violencia extrajudicial. La administraci\u00f3n Trump ha ordenado ataques militares unilaterales<\/a> contra buques privados cerca de la costa venezolana, supuestamente para detener el tr\u00e1fico de drogas. Para lanzar estos alarmantes ataques, el ej\u00e9rcito estadounidense ha desplegado una enorme fuerza naval compuesta por buques de guerra, drones y fuerzas de operaciones especiales.<\/p>\n Estos ataques han provocado la ejecuci\u00f3n sumaria de al menos 27 personas, seg\u00fan informes recientes. El m\u00e1s reciente ataque letal en el Caribe<\/a> provoc\u00f3 la \u201celiminaci\u00f3n\u201d de seis personas m\u00e1s. Esto no es aplicaci\u00f3n de la ley, es asesinato extrajudicial y una campa\u00f1a que ahora forma parte de un plan de guerra contra Venezuela. La administraci\u00f3n ha calificado a las v\u00edctimas, sin pruebas cre\u00edbles, de narcotraficantes y \u201cterroristas\u201d, una afirmaci\u00f3n que, aunque fuera cierta, no da autoridad legal al presidente de los Estados Unidos para ejecutar a quien decida.<\/p>\n Las organizaciones jur\u00eddicas y de derechos humanos han condenado de manera inequ\u00edvoca esta pol\u00edtica profunda y peligrosa, que sustituye los procedimientos policiales establecidos por la fuerza letal premeditada. La Asociaci\u00f3n de Abogados de la Ciudad de Nueva York (NYCBA), una voz clave en materia de \u00e9tica jur\u00eddica internacional, ha denunciado en\u00e9rgicamente estas acciones. La NYCBA declar\u00f3 expl\u00edcitamente que<\/a> \u201cdado que los recientes ataques contra buques venezolanos y sus tripulaciones no estaban autorizados por la legislaci\u00f3n estadounidense y violaban el derecho internacional vinculante, se trataba de ejecuciones sumarias ilegales, es decir, asesinatos\u201d. Adem\u00e1s, argument\u00f3 que estas acciones violan el principio internacional fundamental de que \u201cnadie ser\u00e1 privado arbitrariamente de su vida\u201d, recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos.<\/p>\n El Gobierno de los Estados Unidos posee amplia autoridad legal para que la Guardia Costera intercepte y registre los buques sospechosos de transportar narc\u00f3ticos, seguido de un enjuiciamiento en los tribunales estadounidenses de acuerdo con los requisitos del debido proceso. Sin embargo, en el caso de los buques venezolanos, se eludi\u00f3 la funci\u00f3n policial de la Guardia Costera autorizada por el Congreso; en su lugar, las tripulaciones fueron simplemente atacadas y ejecutadas por una fuerza militar abrumadora. Los l\u00edderes regionales, entre ellos el presidente colombiano Gustavo Petro, han condenado los asesinatos extrajudiciales, destacando la profunda inquietud que existe en toda Am\u00e9rica Latina por el retorno de la acci\u00f3n militar unilateral de los Estados Unidos bajo el pretexto de la pol\u00edtica antinarc\u00f3ticos.<\/p>\n Escalada: los B-52 y la amenaza de guerra<\/b><\/p>\n