Según la tradición de los primeros cristianos, cerca del siglo III o IV, existió una mártir llamada Bárbara, oriunda de la ciudad fenicia de Heliópolis en lo que hoy es el Líbano. Su padre, Dióscoro, la encerró en una torre alegando que quería protegerla hasta su matrimonio, pero Bárbara, rebelde y desafiante, rechazó la idea de casarse y abrazó la fe cristiana. Dióscoro acudió a las autoridades locales para propiciarle un castigo, y él mismo ejecutó la pena, degollándola. No esperaba Dióscoro, sin embargo, que en el momento de darle muerte a su propia hija, él también moriría tras ser impactado por un rayo. Desde entonces, Santa Bárbara es asociada al trueno y al relámpago, es patrona de mineros y artilleros y su fiesta en el santoral se celebra el 4 de diciembre.

Como el estruendo de un trueno se escuchó también, el pasado 16 de junio, el resultado de la votación en la Asamblea General de la Naciones Unidas, en la que con 116 votos a favor, 6 abstenciones y solo 51 en contra, se aprobó la declaratoria de que el día 4 de diciembre, también, se convierta en el Día Internacional contra las Medidas Coercitivas Unilaterales. La iniciativa partió del trabajo diplomático de Venezuela, la tercera nación más afectada por las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas por los Estados Unidos y obtuvo el respaldo del Grupo de Países Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas, colectivo que se hace cada vez más relevante en la defensa de sus principios fundacionales.

El término “medidas coercitivas unilaterales” es el más apropiado a la hora de abordar lo que comúnmente se denomina como “sanciones”.  De acuerdo al derecho internacional, y al propio texto de la Carta de Naciones Unidas, en su Artículo 53, sólo el Consejo de Seguridad está legalmente facultado para la aplicación de medidas coercitivas.  Sin embargo, más de 40 países, lo que equivale a un tercio de la humanidad, están sujetos a medidas unilaterales por parte del Gobierno de Washington.  Particularmente, en los últimos 10 años de declive del liderazgo económico, tecnológico y político de los Estados Unidos, el uso de las medidas coercitivas unilaterales se ha convertido en una de las principales herramientas de guerra híbrida, diseñada para causar daños profundos y un cambio de comportamiento en países que ejercen políticas de manera independiente a los intereses estadounidenses.

En el dossier Guerra imperialista y resistencias feministas en el Sur Global (2025) del Instituto Tricontinental para la Investigación Social, se señala cómo las medidas coercitivas unilaterales “operan sobre el aislamiento financiero, comercial y político, el desabastecimiento y el ahogo económico”. Estas medidas están diseñadas para promover un colapso de las capacidades de los Estados para atender las necesidades de sus pueblos y generar así altas tensiones internas ya que “impiden a los países afectados acceder a recursos financieros, así como a los bienes y servicios más elementales para el sostenimiento de la vida: agua, alimentos, electricidad, medicamentos, insumos sanitarios”.

Pese a que las medidas coercitivas son presentadas como una especie de alternativa más humana que el uso de la fuerza militar, lo cierto es que su impacto negativo puede llegar a ser tan letal como los de una guerra convencional.  De hecho, los propios artífices de esta política reconocen su severidad. Un artículo de la revista estadounidense The Nation, cita al autor de El arte de las sanciones, Richard Nephew, responsable en gran medida del diseño de la política de medidas coercitivas bajo el Gobierno de Barack Obama, señalando que “sólo porque el daño causado por las sanciones pueda ser menos visible (al menos, con algunos regímenes de sanciones), no necesita ser menos destructivo, particularmente para las poblaciones económicamente vulnerables que puedan ser afectadas”.

Con frecuencia, los portavoces del Gobierno estadounidense insisten en que las medidas coercitivas unilaterales están diseñadas solo para castigar a lo que ellos consideran “malos actores”, y que existen exenciones de carácter humanitario para resolver temas como atención médica o alimentación, pero en la práctica tales exenciones suelen ser insuficientes y el fenómeno del “sobrecumplimiento” entra en efecto. Empresas, organizaciones y otros actores, temerosos de castigos o represalias por interacciones con actores y/o gobiernos bajo medidas coercitivas, toman medidas adicionales, imponiendo mayores restricciones o simplemente negando el acceso a recursos o insumos necesarios para el desarrollo normal de la vida cotidiana de una nación.

La Relatora Especial de Naciones Unidas para el Efecto Negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales, Alana Douhan, en su informe preliminar de 2021 sobre la situación de Venezuela, reportó que “las exenciones humanitarias existentes no son ni efectivas ni suficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinarias necesarias para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos”. Douhan expresó también su preocupación con el sobrecumplimiento de las medidas coercitivas lo cual previene que “el Gobierno de Venezuela, su sector público y sus empresas privadas, compren maquinarias, repuestos, medicamentos, alimentos, insumos agrícolas y otros bienes esenciales aún con las licencias emitidas por el gobierno estadounidense”.

A pesar del uso cada vez más amplio de la política de medidas coercitivas unilaterales por parte de los Estados Unidos, todavía esta forma de agresión sigue siendo invisibilizada y poco estudiada por el público en general, incluso en los propios países afectados. Existe una ausencia significativa en las grandes empresas de comunicación a nivel internacional, las cuales con frecuencia se alinean con las políticas de los Estados Unidos y sus socios del Occidente colectivo. Douhan considera que “los medios difícilmente lo reportan. Suprimen la información, pero la gente tampoco quiere escucharlo, es algo muy desagradable”. Es precisamente por esta razón que la iniciativa de reservar un día al año para denunciar y buscar alternativas contra las medidas coercitivas unilaterales es un paso importante. Es el reconocimiento de la ilegalidad de este mecanismo, de sus efectos perversos que, convirtiéndose en una especie de castigo colectivo, constituye en sí, sin duda alguna, un crimen de lesa humanidad.

Según Douhan, urge la necesidad de crear un mecanismo de monitoreo para controlar las medidas coercitivas unilaterales y que “indicadores vinculantes puedan crearse para verificar el impacto de sanciones”. Agrega Douhan que “no existen avenidas para resarcir las medidas coercitivas unilaterales. Irán ha referido casos individuales a la Corte Internacional de Justicia y Venezuela a la Corte Penal Internacional, pero es casi imposible referir un caso de medidas coercitivas unilaterales a una instancia de la ONU”. Douhan trabaja para la creación de un mecanismo que permita acciones legales contra estas medidas y les permita a las víctimas acceder a sus derechos.

A pesar de todo el impacto negativo de este tipo de medidas, la realidad es que incluso la efectividad de esta política a la luz de los intereses estadounidenses también ha sido cuestionada. Ya en 2020, un informe del conservador Instituto Cato, cuestionaba que las llamadas “sanciones” fueran una herramienta cada vez más prominente en la política exterior estadounidense. El autor Richard Hanania llega a una conclusión brutal: “una de las muchas tragedias del uso estadounidense de las sanciones es que son más brutales y dañinas cuando tienen menor posibilidad de éxito”.

Las medidas coercitivas unilaterales son una violación del derecho internacional, sobre todo el derecho que tiene cada nación a ejercer su soberanía, construir sus propio sistema de gobierno y sus relaciones comerciales y económicas. Son también una agresión profunda cuyas consecuencias humanas son devastadoras. La salud, la alimentación, el derecho a los servicios públicos, la libre conducción de transacciones comerciales, incluso el acceso a la aviación civil, todo esto es afectado por una política cruel, ilegal y contraproducente. Disponer de un día internacional para rechazar esta política de agresión y coerción política, es también un llamado a defender el multilateralismo y la importancia de la diplomacia para la resolución de diferencias y conflictos.

Dióscoro no solo no logró proteger a su hija Bárbara confinándola, sino que él mismo murió en el intento, lo que no deja de hacer eco con las palabras de Donald Trump en la cumbre del G7 en Canadá, en las que confesó el impacto negativo que la política de medidas coercitivas también tiene sobre EE.UU. cuando se salen de las manos. Allí dijo que “las sanciones nos cuestan mucho dinero. Cuando yo sanciono a un país, eso le cuesta a EE.UU. mucho dinero, una cantidad tremenda… No es sólo firmar un documento, estás hablando de millardos y millardos de dólares. Las sanciones no son tan fáciles”.

A partir de este año, el próximo 4 de diciembre será más que un recordatorio, será un rayo, un día más para avanzar en la implementación de mecanismos que, de una vez por todas, eliminen esta práctica criminal que afecta a pueblos como el de Cuba, Irán, Nicaragua, Palestina, Venezuela o Zimbabue, entre otros, y que atenta contra la paz duradera que se quiso construir en la Carta de Naciones Unidas hace 80 años, tras la derrota de las ideologías de odio del nazismo y el fascismo.