El grito que animó los fueguitos ya encendidos

El 3 de junio de 2015, el asesinato de Chiara Páez, una adolescente santafesina embarazada, a manos de su novio, se convirtió en la chispa de una de las movilizaciones más contundentes de la historia reciente en Argentina. Bajo la consigna #NiUnaMenos, una multitud salió a las calles para decir basta a los femicidios y a todas las formas de violencia machista. Ese día constituyó un nudo del proceso de organización feminista, que venía desplegándose desde la vuelta de la democracia en territorios, sindicatos, en instituciones sanitarias y educativas, dentro y fuera del estado. Fue una convocatoria multitudinaria, que dio inicio a un ciclo de movilización social feminista de impugnación al neoliberalismo, que pronto se expandió por América Latina.

Desde entonces, Ni Una Menos dejó de ser solo una frase. Se volvió una consigna transversal, intergeneracional y continental. En las plazas de Buenos Aires, Lima, Santiago, Montevideo o Ciudad de México, miles de mujeres y disidencias comenzaron a organizarse. Surgieron asambleas, redes de acompañamiento, colectivas artísticas, huelgas feministas y campañas por la legalización del aborto donde aún no exisitían. Con ello se crearon las condiciones de reaparición de un sujeto político que había tenido una fuerte presencia desde mediados de la década de 1970 y durante toda la década posterior: el feminismo popular latinoamericano, que convirtió el dolor en organización y la bronca en fuerza transformadora.

“Trabajadoras somos todas”: entre la violencia de género y la violencia económica

Desde sus inicios, el movimiento Ni Una Menos dejó en claro que la violencia machista no puede entenderse de forma aislada: está profundamente conectada con la desigualdad económica, la precarización del trabajo, el endeudamiento y las múltiples formas de explotación que afectan en especial a mujeres y disidencias. Pero además forjó una escena de rearticulación de la energía feminista en cada uno de los territorios de la vida social, organizativa y política.

A través de los paros internacionales de mujeres —impulsados desde el 2016 por una asamblea dinamizada por colectivas feministas, movimientos sociales, sindicatos, partidos políticos, colectivos de diversidad sexo genérica, redes antirracistas, agrupaciones migrantes— se amplificó la consigna: “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”. La huelga feminista interpeló al sistema económico desde una perspectiva radical. Se visibilizó que las tareas de cuidado, mayormente no remuneradas y feminizadas, sostienen el funcionamiento del capitalismo. Se reclamó que trabajadoras somos todas, no solo en el empleo formal, sino en cada espacio donde se produce y reproduce la vida.

Además, Ni Una Menos incorporó la denuncia de las deudas como forma de sujeción: muchas mujeres son forzadas a endeudarse para sobrevivir o para cubrir lo que el Estado no garantiza. Esa violencia económica es también violencia de género. Así, el feminismo propuso un marco nuevo para pensar la justicia social: no puede haber emancipación sin redistribución, ni libertad sin autonomía económica.

No es libertad, es neoliberalismo. La guerra contra la justicia social

A diez años del primer 3J, el feminismo enfrenta no solo sus históricas luchas, sino también una ofensiva conservadora global que busca deslegitimar los transfeminismos y todas formas de movilización popular de la última década, como parte de un refuerzo ideológico de las derechas radicalizadas en el rearme del neoliberalismo financiero, en su fase más extrema y neocolonial.

En 2024, el gobierno de Javier Milei en Argentina asumió con la promesa de realizar “el ajuste más grande del mundo”. Del total de gastos que cayeron en 2024, las jubilaciones y pensiones contributivas soportaron el 24%, la inversión real directa vinculada a la obra pública el 15 %, las transferencias a provincias el 16%, los subsidios a la energía el 10%, programas sociales el 11% y salarios el 8%.

Bajo el discurso de la “libertad” individual, la austeridad fiscal y la “motosierra”, se oculta una política de destrucción del estado y de ajuste estructural que golpea a los sectores más vulnerables: jubilados con haberes que han perdido frente a la inflación hasta un 35%, sumado a la reducción de medicamentos esenciales otorgados de manera gratuita, y un aumento de la pobreza del 29.7% entre los mayores de 65 años; mujeres y disidencias abandonadas por un Estado que desfinancia programas de salud sexual, asistencia ante la violencia de género y promueve discursos de odio; personas con discapacidad que ven recortadas pensiones, prestaciones médicas y acompañamientos esenciales para su vida cotidiana.

La reacción incluye desde recortes presupuestarios en políticas de género hasta la criminalización de las militancias feministas y la amplificación de la violencia social y callejera hacia diversidades sexo genéricas. Se intenta volver al discurso de la familia tradicional, cuestionar la Educación Sexual Integral y borrar el lenguaje inclusivo. Esta embestida conservadora también se apoya en el descrédito de los logros conquistados: el aborto legal, las leyes de identidad de género, los cupos laborales para personas trans.

En nombre del “orden” fiscal, también se desmantela la economía popular con la eliminación de políticas de apoyo a cooperativas y trabajadores informales, empujando a miles a la indigencia. Al mismo tiempo, se persigue la memoria, verdad y justicia: se desmantelan las políticas de derechos humanos, se deslegitima a los organismos históricos y se niega el terrorismo de Estado. Y se promueve un desfinanciamiento y asfixia salarial del personal estatal en áreas destinadas al cuidado, entre las que figuran salud y educación, por considerarlas un gasto, así como también aquellas específicas de promoción del conocimiento científico y técnico del país.

Estas acciones no representan una libertad real, sino una ofensiva neoliberal que convierte derechos en privilegios, redistribuye poder y recursos hacia los sectores concentrados de poder, vacía el rol del Estado y ataca el corazón mismo de la justicia social conquistada en décadas de lucha.

Frente a este panorama, el movimiento feminista se enfrenta a una nueva encrucijada: cómo sostener sus conquistas, cuidar sus espacios y responder al odio con más organización y más calle. Las redes construidas durante estos diez años serán claves para resistir. Pero también se hace necesario renovar estrategias, sumar nuevas voces y reforzar la articulación con otros movimientos sociales.

A 10 años del Ni Una Menos: Unificar las luchas frente al avance del neo fascismo

El feminismo no es solo una lucha por los derechos de las mujeres. Es, hoy más que nunca, una trinchera contra todas las formas de autoritarismo y exclusión. En un contexto global donde avanzan proyectos políticos de corte neofascista – xenófobos, antifeministas y antiderechos – , el desafío es claro: construir una unidad amplia, plural y combativa que enfrente el odio desde abajo.

A diez años del Ni Una Menos, en un escenario difícil para la estrategia callejera, las organizaciones feministas convocaron a unificar las luchas en defensa de los jubilados, que desde hace meses se movilizan y enfrentan la represión semanal del gobierno libertario, pero también de todos los golpeados por este proyecto político destinado a restituir el poder de clase en beneficio a los sectores concentrados de poder, principalmente el financiero.

El 4 de junio de 2025, una amplia y diversa multitud se movilizó frente al Congreso argentino para protestar contra los recortes presupuestarios impulsados por el presidente Javier Milei. La marcha reunió a jubilados, docentes, científicos, médicos, personas con discapacidad, movimientos sociales y feministas, unificando reclamos que antes se manifestaban por separado.

La experiencia feminista de esta década demostró que es posible cambiar las reglas del juego. Pero también ha mostrado una sensibilidad extraordinaria para auscultar los conflictos que la sociedad despliega frente a los procesos de despojo de derechos y de destrucción de las condiciones de vida de las mayorías populares.

El último 4J, convocado por Ni Una Menos, la calle volvió a ser un territorio de resistencia, quizás la más plebeya de los últimos diez años en esta fecha, sostenida muy especialmente por las redes económicas y políticas desplegadas en barrios populares. A pesar del objetivo de este neoliberalismo libertario de quebrar todas las tramas de solidaridad comunitaria, de desanimar todas las formas de participación política y social, allí estaban junto a sus compañeras, fundidas en un abrazo con las trabajadoras del Garraham en lucha – principal centro de atención pediátrica de alta complejidad de la Argentina –, las familias de personas con discapacidad que vienen siendo objeto de ataques por parte de funcionarios de gobierno, y trabajadoras que se movilizaron con sus sindicatos.

En la plaza, también confluyeron las compañeras feministas de la mesa ecuménica que acompaña sistemáticamente la movilización de los jubilados, y no faltó la comunidad travesti-trans que desde el 2014 se encuentran articuladas en el reclamo de la reparación histórica travesti-trans por la persecución sistemática y violencia institucional de la que han sido históricamente objeto.

Fue además una plaza que nos recordó que, frente al miedo y la sensación de intemperie y desazón, hay una fuerza más poderosa: la solidaridad, la empatía, la resistencia y la organización popular. Porque unidas, reorganizadas y con memoria, seguimos gritando: Ni una menos, vivas, libres y desendeudadas nos queremos.