El 10 de mayo de 2025, el Consejo Nacional Electoral Ecuatoriano proclamó a Daniel Noboa como ganador de las elecciones presidenciales realizadas el 13 de abril. El anuncio se realizó en medio de acusaciones de fraude, irregularidades electorales y creciente autoritarismo. Esta reelección representa la continuidad y profundización de un modelo neoliberal y militarizado que ha agravado la crisis económica, la violencia y la pobreza en el país.

Noboa, heredero del empresario más rico de Ecuador, asumió por primera vez la presidencia en 2023 tras la “muerte cruzada”, decretada por Guillermo Lasso, para evitar su destitución. Ganó esa elección frente a Luisa González, de la Revolución Ciudadana (RC), el movimiento del expresidente Rafael Correa. En su primer mandato, de sólo año y medio, su Gobierno provocó una recesión de -2% en 2024, la pobreza llegó a 28% a nivel nacional y 43% rural y se produjo un alarmante aumento de la violencia.

En abril de 2025 fue reelegido, otra vez frente a González, quien contaba con el respaldo de un frente amplio de izquierda, incluyendo al movimiento indígena que es, hoy en día, el movimiento popular más fuerte.

Las elecciones estuvieron marcadas por serias anomalías: el Consejo Nacional Electoral (CNE) descalificó al candidato Jan Topic, principal rival de Noboa en la derecha; a la par el Gobierno suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad para impedir que asumiera temporalmente la presidencia, lo que permitió a Noboa saltarse el requisito constitucional de pedir licencia durante su campaña electoral.

Noboa, presidente-candidato “confundió” los roles con frecuencia, algo señalado en el informe de los observadores electorales de la UE. El Gobierno utilizó recursos estatales con fines electorales, liberando 550 millones en subsidios y usando medios públicos para la campaña, sin sanción por parte del CNE. En contraste, el CNE sí abrió procesos sin base contra figuras opositoras como Pabel Muñoz, Alcalde de Quito por el partido Revolución Ciudadana, en clara continuidad con la última modalidad del lawfare que asola al país desde 2018.

El CNE, además, prohibió el uso de celulares el día de las elecciones, limitando la fiscalización de la ciudadanía y los movimientos políticos y restringió las posibilidades de votar de ecuatorianos en Venezuela. A la par, Noboa declaró estado de emergencia con presencia militar, en las provincias donde la RC es más fuerte.

Las Fuerzas Armadas respaldaron abiertamente la campaña de Noboa, en contravención del rol no partidario que les corresponde. Todas las encuestas preelectorales y a boca de urna mostraban un empate técnico o incluso daban ventaja a González. No obstante, el resultado oficial otorgó una sorpresiva ventaja de casi 11 puntos a Noboa. La RC denunció fraude y pidió revisión de actas y recuento, solicitud que fue rechazada. Un informe pericial extranjero advierte que las papeletas podían ser manipuladas por haber sido impresas con una tinta especial, y el informe de la OEA también detectó irregularidades. Un estudio demuestra que no hay antecedentes, en este siglo en la región, de un viraje tan grande y súbito entre primera y segunda vueltas.

El país vive una grave crisis de seguridad. La violencia vinculada al narcotráfico se ha disparado: más de 400 muertos en masacres carcelarias desde 2021 y una tasa de homicidios que pasó  de 5 asesinatos por cada 100.000 habitantes en 2017 a 45 en 2025. Cada mes se bate el récord de muertes violentas; 831 en marzo de 2025, 750 en enero, lo que implica un incremento del 65%  respecto al primer trimestre de 2024 y casi del 40% respecto al mismo período de 2023. Pese a que Noboa dice tener un “Plan Fénix” para combatir el crimen organizado, su contenido es secreto y sus resultados nulos a la fecha. Al mismo tiempo, hay una serie de denuncias que vinculan directamente a empresas del grupo Noboa con cargamentos de droga en exportaciones bananeras.

La concentración mediática y la desinformación en redes sociales – que difunden constantemente noticias falsas contra Correa y la RC – ayudan a mantener la narrativa oficial. Por ejemplo, se culpa al correísmo del aumento de la violencia por haber cerrado la base militar de los EE.UU. en Manta en 2009, pese a que la criminalidad bajó entre 2010 y 2017 y solo aumentó desde 2019, con el giro derechista de Lenín Moreno, que volvió al FMI.

Económicamente, Ecuador fue uno de los países de América Latina que decrecieron en 2024, y lleva cuatro trimestres consecutivos de contracción. La proyección para 2025 es de apenas 1,6% de crecimiento según el FMI, y podría empeorar si hay un shock externo, o si se repite la crisis energética por estiaje del año anterior, que dejó al país sin electricidad hasta 14 horas diarias. Esto tomando en cuenta que Noboa no ha adoptado ninguna medida relevante para resolver el problema energético y tampoco ha puesto en marcha ninguna propuesta seria y viable para reactivar la economía.

En política exterior, el presidente ecuatoriano se alinea a la política imperialista de Washington y se ha reunido con el Comando Sur y ha mostrado afinidad con Donald Trump, con quien buscó reunirse en Florida antes de las elecciones, sin éxito.

El nuevo período de Gobierno ya muestra señales de más autoritarismo. Con mayoría legislativa parcial, el partido de Noboa envió este 14 de mayo un proyecto de ley con categoría de “económico urgente”, lo que obliga a la Asamblea Nacional a tratarlo en un mes, o se aprueba automáticamente. El proyecto, bajo el pretexto de combatir la economía criminal que es base del “conflicto armado interno” – una etiqueta creada por Noboa que pretende equiparar delincuentes y narcotraficantes con terroristas –, busca otorgar indultos anticipados a fuerzas del orden, permitir allanamientos sin orden judicial y ampliar la prisión preventiva.

En el plano militar, la Constitución prohíbe bases extranjeras, pero acuerdos firmados con los EE.UU. desde 2019 ( por parte del expresidente Guillermo Lasso) han facilitado el uso de puertos y aeropuertos ecuatorianos a personal militar y de seguridad estadounidense. Noboa buscará ahora reformar la Constitución para permitir el retorno formal de las bases militares estadounidenses, especialmente en las Islas Galápagos, un enclave estratégico para los EE.UU. como parte del control del Pacífico sur y de los flujos hacia el canal de Panamá en el marco del cerco a China. Ya se reporta presencia militar estadounidense en ese territorio.

En suma, el segundo mandato de Daniel Noboa se perfila como una profundización de sus políticas neoliberales: reducción de la inversión pública, privatizaciones, más flexibilización laboral, reducción de los programas sociales, financiarización ligada a la eliminación de los controles del lavado de capitales y autoritarismo expresado como militarización. La oposición denuncia un retroceso democrático, el debilitamiento del Estado de derecho y un avance hacia el control total por parte de una élite económica, con respaldo externo (los Estados Unidos) y militar.