Las sanciones económicas suelen describirse como alternativas “pacíficas” a la guerra. Sin embargo, para millones de personas en países como Irán y Venezuela, son como una guerra por otros medios. Estas sanciones, impulsadas principalmente por la política exterior estadounidense, han devastado los sistemas sanitarios, inflado los precios de los alimentos y trastornado la vida cotidiana. No se trata simplemente de presión económica, sino de una forma de guerra civilizatoria destinada a desmantelar el tejido social de las naciones.

En Irán, los años de sanciones impuestas por los Estados Unidos han restringido gravemente el acceso a los medicamentos. Human Rights Watch denuncia que los pacientes con cáncer, epilepsia y otras enfermedades crónicas se enfrentan habitualmente a una escasez que pone en peligro sus vidas. Aunque en teoría existen exenciones humanitarias, las sanciones secundarias – que penalizan a los bancos y empresas extranjeros que mantienen relaciones comerciales con Irán – han dado lugar a un cumplimiento excesivo a nivel global. El resultado es que incluso se bloquean las importaciones legales de medicamentos esenciales.

Como señaló un oncólogo de Teherán: “Tenemos los conocimientos para tratar a nuestros pacientes, pero no las herramientas. Las sanciones han convertido tratamientos sencillos en tareas imposibles”. Un caso trágico es el de Armin, un niño de 7 años con hemofilia, cuya familia no pudo conseguir un factor de coagulación esencial. “El medicamento existe”, dijo su madre, “pero nadie se atreve a venderlo a Irán”. Armin murió por complicaciones que se podrían haber evitado debido a este asedio silencioso.

En Venezuela, expertos de la ONU han calificado la situación de “catástrofe humanitaria”. Los hospitales carecen de suministros básicos y millones de personas han huido debido al colapso económico. En 2020, el relator de la ONU Alfred-Maurice de Zayas declaró: “Las sanciones económicas y los bloqueos modernos son comparables a los asedios medievales”.

Estas políticas no solo presionan a los gobiernos, sino que corroen sociedades enteras. Las restricciones bancarias paralizan la ayuda humanitaria. La inflación y la escasez de alimentos debilitan la cohesión civil. Las industrias locales se derrumban bajo el peso del aislamiento. Esto no es diplomacia, es una guerra económica encubierta con lenguaje jurídico.

Incluso dentro del pensamiento liberal, estas sanciones son contradictorias. Pensadores como Locke y Smith hicieron hincapié en el intercambio voluntario y los derechos inalienables, principios que se ven socavados cuando las sanciones castigan a poblaciones enteras. En la práctica, las sanciones transforman el “libre mercado” en un arma estratégica que esgrimen las potencias dominantes para castigar la disidencia y la desobediencia.

Esta contradicción pone de manifiesto una verdad más profunda: las sanciones no son solo herramientas de política exterior, sino que representan la traición al liberalismo por parte de los mismos regímenes que dicen defenderlo. Cuando Occidente impone sanciones económicas que privan a los niños de medicamentos o a las familias de alimentos, socava los fundamentos morales de su propia filosofía política.

Sin embargo, la resistencia continúa. Las naciones sancionadas están forjando nuevas alianzas. Irán profundiza sus lazos con China y Rusia. Venezuela recibe ayuda en combustible de sus aliados. En todo el Sur Global, se alzan voces en contra del castigo colectivo.

En 2023, más de 200 organizaciones instaron a la ONU a abordar el coste humanitario de las sanciones. Grupos como Code Pink protestaron en Washington D.C. contra la economía de asedio que perjudica más a los civiles que a los Estados.

Es importante destacar que, con los recientes acontecimientos políticos, como la caída del Gobierno de Assad en Siria, el debate mundial sobre las sanciones está entrando en una nueva fase. Si bien las sanciones impuestas en el pasado en virtud de la Ley César de los Estados Unidos obstaculizaron gravemente la reconstrucción y la ayuda, su trayectoria futura sigue siendo incierta. Sin embargo, lo que está claro es que el uso de las sanciones como instrumento de dominación debe examinarse críticamente, tanto en lo que se refiere a las políticas como a los principios.

Atacar a una nación puede servir para alcanzar objetivos estratégicos a corto plazo. Pero cuando ese aislamiento provoca que un niño no reciba insulina o que un paciente muera sin recibir tratamiento, se convierte en algo mucho más oscuro. Ya no es una política, es crueldad sistematizada.

Las sanciones deben reconocerse como lo que son: una guerra económica. Y, como en todas las guerras, sus víctimas merecen justicia.