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El mundo clama que termine la ocupación ilegal de Palestina por Israel

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El 18 de septiembre de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) aprobó una resolución que exigía que Israel se retirara inmediatamente del Territorio Palestino Ocupado (TPO) de Jerusalén Oriental, Gaza y Cisjordania. La resolución utilizaba un lenguaje contundente, afirmando que “la presencia continua de Israel en el Territorio Palestino Ocupado es ilegal” y que tiene “la obligación” de poner fin a su “presencia ilegal” en el TPO “lo antes posible”. La resolución fue presentada por el Estado de Palestina, que no fue reconocido como parte de buena fe de las Naciones Unidas hasta junio de 2024 como parte del disgusto mundial por el genocidio de Israel en Gaza. El resultado era previsible: mientras 43 países se abstuvieron, 124 votaron a favor de la resolución y sólo 14 votaron en contra (encabezados por los Estados Unidos e Israel). Ahora es perfectamente legal decir que la ocupación israelí de los TPO es ilegal y que esta ocupación debe terminar inmediatamente.

La resolución de la AGNU sigue a la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en julio de 2024. Esta sentencia de la CIJ sostenía que la ocupación continuada de los TPO por parte de Israel es ilegal y que debe terminar inmediatamente. El lenguaje de la CIJ es muy contundente: “El abuso sostenido por parte de Israel de su posición como Potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace que la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado sea ilegal”. No hay ambigüedades en esta declaración, como tampoco las hay en la resolución de la AGNU que le siguió.

Lluvias del cielo

Al ir de un pueblo a otro de Cisjordania palestina, me mostraron cisternas de agua rotas, una tras otra. La historia era siempre la misma. Los palestinos y palestinas, privados de agua por los asentamientos ilegales israelíes en el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y por el ejército israelí, hacen todo lo posible por recoger el agua de lluvia en cisternas. Pero cada vez que los israelíes descubren esta antigua práctica humana, el ejército israelí aparece y destruye las cisternas. Se ha convertido en parte del ritual de la ocupación israelí. Tras la guerra de 1967, el Gobierno israelí dictó la Orden Militar 158 (noviembre de 1967) y la Orden Militar 498 (noviembre de 1974) que obligaban a los palestinos a solicitar permisos al ejército israelí antes de poder construir cualquier instalación de agua.

Durante una de estas visitas, un anciano palestino me preguntó si había leído la Torá o la Biblia. Le dije que había leído fragmentos de la Biblia, pero no sistemáticamente. Entonces procedió a contarme una historia del Deuteronomio sobre el éxodo de los judíos de Egipto, donde habían sido esclavizados. Egipto, se les dice, era una tierra de leche y miel, mientras que la tierra que tenían ante ellos – Palestina – era una tierra que sufría de falta de agua. Los judíos tendrían que depender de las “lluvias del cielo” y no de los ríos que regaban Egipto. Estas lluvias del cielo, dijo el anciano palestino, “nos son negadas”.

Los israelíes que viven en los asentamientos ilegales de Cisjordania consumen una media de 247 litros de agua por persona y día, mientras que los palestinos pueden acceder como máximo a 89 litros por persona y día (la cantidad mínima de la Organización Mundial de la Salud o OMS es de 100 litros por persona y día). No está de más repetir que los israelíes viven en asentamientos ilegales. Esta ilegalidad no se plantea en términos morales sino de derecho internacional. Varias resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas han dicho que Israel viola la Cuarta Convención de Ginebra al extender sus asentamientos en Cisjordania: Resolución 446 (marzo de 1979), Resolución 478 (agosto de 1980) y Resolución 2334 (diciembre de 2016). La sentencia de la CIJ de 2024 y la nueva resolución de la AGNU fundamentan la ilegalidad. No necesitábamos más leyes para aclarar la situación, pero ayuda que las nuevas declaraciones sean inequívocas.

Agua en Gaza

Hace una década, la única vez que estuve en Gaza, me horrorizó la falta de suministros básicos de agua. El Wadi Gaza, que atraviesa la Franja de Gaza, es la culminación de ríos que se extienden hasta Cisjordania (Wadi al-Jalil) y ríos que desembocan en el desierto de al-Naqab (Wadi Besor). Sería un acto de insensatez beber de Wadi Gaza o del acuífero costero, en su mayor parte contaminado por los insuficientes servicios de alcantarillado de Gaza mucho antes de esta guerra genocida. La mayoría de los habitantes de Gaza, incluso en 2014, compraban agua a caros camiones cisterna privados. No había otra opción.

Si la situación en Gaza era censurable hace una década, ahora es inconcebible. El palestino promedio de Gaza, que ha sido expulsado por la fuerza de sus hogares (la mayoría bombardeados), sobrevive ahora con una media de 4,74 litros de agua por persona y día (es decir, 95,53 litros menos que el mínimo exigido por la OMS para que una persona sobreviva). Desde octubre de 2023, el consumo diario de agua entre los palestinos de Gaza se ha reducido en un 94%. La magnitud de la destrucción de las infraestructuras de Gaza es abrumadora (como muestra el Centro de Satélites de la ONU). En abril de 2024, sólo el 6% de la infraestructura de agua y saneamiento de Rafah mostraba signos de daños, pero en junio, los israelíes habían destruido el 67,6% de toda la infraestructura. Se ha demostrado claramente que los israelíes tienen como objetivo los elementos básicos de la vida, como el agua, para garantizar la aniquilación de los palestinos en los TPO.

Por eso, precisamente, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó abrumadoramente a favor de la salida de Israel de los Territorios Palestinos Ocupados y del cese de sus políticas anexionistas. El Gobierno israelí respondió desafiante, diciendo que la resolución “cuenta una historia ficticia y unilateral” en la que no hay violencia contra Israel. Sin embargo, lo que el Gobierno israelí ignora es la ocupación, que enmarca todo el conflicto. Un pueblo ocupado tiene derecho a resistirse a su ocupación, lo que hace que la violencia contra Israel sea importante de registrar pero no central en el argumento. La CIJ y la AGNU dicen que la ocupación israelí debe terminar. Este punto no es abordado por el Gobierno israelí, que pretende que no hay ocupación y que tienen derecho a anexionarse tanta tierra como sea posible aunque esto signifique una limpieza étnica. Cortar el acceso al agua, por ejemplo, es uno de los instrumentos de esa incesante violencia genocida.

Fin del ARTÍCULO
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septiembre 19, 2024
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