El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció el 21 de marzo de 2024 que llegó a un acuerdo con Sri Lanka a nivel de Gabinete en relación con la próxima fase de la asistencia financiera, otorgando acceso a 337 millones de dólares del rescate previamente aprobado de los 3.000 millones de dólares asignados en 2023 para la nación económicamente afectada. Un acuerdo a nivel de Gabinete representa un consenso inicial alcanzado entre el personal del FMI y las autoridades gubernamentales de un país miembro en relación con las políticas y reformas económicas.

A partir del 7 de marzo y durante dos semanas, un equipo del FMI, dirigido por el jefe de misión Peter Breuer y la jefa de misión adjunta Katsiaryna Svirydzenka, llevó a cabo la segunda revisión del programa de rescate en Colombo. El rescate inicial, de 2.900 millones de dólares y cuatro años de duración, se aprobó en marzo de 2023. En marzo y diciembre de 2023 se desembolsaron dos tramos de 330 millones de dólares cada uno.

Tras la aprobación de la gerencia del FMI y la posterior conclusión por parte del Directorio Ejecutivo de la institución, Sri Lanka tendrá ahora acceso a una ayuda financiera de 254 millones de DEG (aproximadamente 337 millones de dólares).

Sri Lanka había declarado en abril de 2022 su primer incumplimiento (no pago) soberano desde que se independizó de Gran Bretaña en 1948.

El levantamiento de Sri Lanka de 2022

Las protestas de 2022 en Sri Lanka, conocidas como Aragalaya (La Lucha), comenzaron en marzo de ese año como respuesta a las políticas del Gobierno. Las críticas iban dirigidas a la gestión gubernamental de la economía del país, que se había sumido en una grave crisis. Esta crisis, que desencadenó disturbios generalizados, fue alimentada por una combinación de factores, como la inflación galopante, los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de productos esenciales como el combustible y el gas doméstico.

Las protestas masivas culminaron en un colapso gubernamental el 13 de julio de 2022. Un importante número de manifestantes había marchado hacia la residencia del presidente Gotabaya Rajapaksa pidiendo su renuncia. Rajapaksa abandonó el país rumbo a las Maldivas, dejando a Ranil Wickremesinghe como presidente interino (por su cargo de primer ministro). Por la tarde, el Primer Ministro Wickremesinghe también había dimitido, allanando el camino para el establecimiento de un Gobierno de coalición.

Wickremesinghe, que había ocupado previamente el cargo de Primer Ministro en seis ocasiones y ejercía como Presidente interino, fue elegido como el octavo Presidente ejecutivo de Sri Lanka, tras una votación parlamentaria el 20 de julio de 2022.

Crisis en la economía de Sri Lanka

Sri Lanka se encuentra inmersa en una grave crisis económica, que agrava el ya acuciante problema de la inseguridad alimentaria en el país. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) informa de que 6,2 millones de personas – que constituyen el 28% de la población – padecen cierta inseguridad alimentaria, y otras 66.000 se enfrentan a una inseguridad alimentaria grave.

La crisis, alimentada por una inflación galopante y una prolongada agitación política, ha reconfigurado el panorama de la gobernanza en Sri Lanka, afectando desproporcionadamente a sus comunidades empobrecidas. Si en 2019 gastaban el 32% de sus ingresos en alimentos, para el 2022 el monto alcanzaba un asombroso 75%. Los más afectados por esta crisis son los trabajadores y trabajadoras del sector informal, ya que el 86% de los hogares reducen la ingesta de alimentos y algunos incluso se saltan comidas.

El desafío de la seguridad alimentaria en Sri Lanka se ha visto agravado por un descenso significativo de la producción de alimentos, que afecta al 26,41% de la población que depende de la agricultura. El Informe de Evaluación de Necesidades de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCAH) puso de relieve un grave descenso de la producción agrícola nacional derivado de una transición fallida a la agricultura ecológica. En abril de 2021, el anterior Gobierno había impuesto una prohibición a la importación de fertilizantes químicos que, incluso después de ser levantada en noviembre, provocó una reducción de entre el 40% y el 50% de la producción agrícola en las estaciones monzónicas de Maha y Yala.

Dos de cada tres hogares ajustaron los hábitos alimentarios de las infancias durante la crisis: más de la mitad de los niños y niñas (54%) tuvieron que comer alimentos más baratos o de menor calidad; más de un tercio (35%) tuvieron que reducir la cantidad que comían las infancias del hogar; y aproximadamente uno de cada diez hogares en los que habitan infantes (12%) tuvo que reducir la frecuencia de la ingesta de estos.

En 2022, la tasa de desempleo juvenil en Sri Lanka alcanzó un asombroso 24%, lo que refleja una tendencia preocupante en la población activa de 15 a 24 años. Los niveles de pobreza han ido en aumento desde 2019, pasando del 11,3% al 12,7% en 2020, lo que equivale a más de 300.000 nuevos individuos que caen por debajo del umbral de la pobreza durante ese período. Esta tendencia continuó en 2021, con tasas de pobreza que se duplicaron entre 2021 y 2022, disparándose del 13,1% al 25,0%. Este fuerte aumento ha empujado a otros 2,5 millones de personas a la pobreza sólo en 2022. Los hogares se han visto profundamente afectados por estas turbulencias económicas, enfrentándose a múltiples retos, como un aumento de los precios del 46%, una contracción del empleo en el sector servicios y la industria (lo que obliga a los trabajadores a desempeñar funciones agrícolas peor remuneradas), un descenso de las remesas y repercusiones negativas en los ingresos agrícolas debido a la prohibición de los fertilizantes químicos aplicada en 2021.

Medidas de austeridad y el FMI

Los paquetes del FMI en Sri Lanka han afectado negativamente a la población. Las medidas de austeridad y las reformas estructurales han provocado recortes en el gasto público, han aumentado el desempleo y han reducido el acceso a los servicios esenciales. La privatización y la desregulación han provocado un aumento del coste de los productos de primera necesidad, agravando la pobreza y la desigualdad. Aunque estos paquetes ofrecen ayuda financiera a corto plazo, sus efectos a largo plazo agravan las dificultades sociales de las comunidades más vulnerables de Sri Lanka.

Con la imposición de diversos paquetes de rescate, el Gobierno de Sri Lanka también ha puesto en marcha una serie de medidas de austeridad, aumentando los retos a los que se enfrentan sus ciudadanos en medio de la grave crisis económica del país. Estas medidas implican reducciones significativas del gasto público en diferentes sectores, incluidas áreas críticas como las medidas de protección social, y servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, lo que socava aún más el bienestar de la población. En particular, el presupuesto anual de cada ministerio se ha recortado un 5%.

Además de estos recortes perjudiciales, el sistema fiscal de Sri Lanka ha sido objeto de escrutinio por su carácter regresivo, caracterizado por una dependencia desproporcionada de los impuestos indirectos, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), que representa el 80% de los ingresos fiscales. Esto afecta desproporcionadamente a las personas con rentas más bajas, que acaban pagando una mayor parte de sus ingresos en impuestos en comparación con sus homólogos con rentas más altas.

Además, la decisión del Gobierno de privatizar empresas estatales como parte de sus medidas de austeridad ha tenido consecuencias negativas tanto para los empleados como para los consumidores, provocando la pérdida de puestos de trabajo y reduciendo el acceso a servicios esenciales. Del mismo modo, las recientes iniciativas de política económica que promueven la “flexibilidad” laboral han provocado la erosión de los derechos y el bienestar de los trabajadores, exacerbando las disparidades de ingresos y la explotación laboral.

Los cambios en la normativa sobre pensiones, como la reducción gradual de las gratificaciones a los jubilados, han aumentado aún más la inseguridad económica a la que se enfrentan los segmentos vulnerables de la población, en particular los jubilados que dependen de ingresos fijos para su subsistencia.

La adopción por el Banco Central de Sri Lanka de una política monetaria significativamente más restrictiva, caracterizada por sucesivos aumentos de los tipos de interés oficiales, ha tenido efectos adversos sobre los costes de endeudamiento tanto de las industrias como de los ciudadanos y sobre la actividad económica en términos de producción y gasto de consumo.