Veinticinco años después de que Hugo Chávez asumiera la presidencia e iniciara la Revolución Bolivariana en Venezuela, los funcionarios estadounidenses todavía no se cansan de idear nuevos complots para derrocar al Gobierno del país. Hace cinco años, tras las últimas elecciones presidenciales, intentaron instalar a Juan Guaidó – un político del que la mayoría de las personas en Venezuela ni siquiera había oído hablar – como jefe de Estado. Ahora, con la fecha de las próximas elecciones presidenciales fijada oficialmente para el 28 de julio, la administración Biden se está preparando para el mayor intento de cambio de régimen desde el intento de Golpe de Guaidó.

Venezuela ha sido durante mucho tiempo objetivo de la intervención estadounidense debido a sus esfuerzos por construir un modelo alternativo al capitalismo neoliberal impulsado por instituciones como el FMI y el Banco Mundial. Teorizada y puesta en práctica por primera vez bajo el liderazgo de Chávez, la Revolución Bolivariana de Venezuela propone un nuevo modelo que hace hincapié en la utilización de los recursos del país, como los ingresos procedentes del petróleo, para financiar misiones cruciales. De este modo, se garantizan derechos como la educación, la alimentación, la vivienda, el transporte, la cultura y el deporte a mayorías históricamente excluidas, con el fin de disminuir la desigualdad socioeconómica existente desde hace tiempo. Una parte central de la Revolución Bolivariana es la transformación política y cultural del pueblo mediante la promoción de la cultura nacional venezolana, el internacionalismo, el antiimperialismo y el empoderamiento de todas las personas como sujetos políticos con derechos y responsabilidades. Es un proyecto en contradicción directa con los intereses de los Estados Unidos en este país, rico en petróleo y ubicado en la región que Washington considera su patio trasero.

Las elecciones de 2024

El presidente Nicolás Maduro se presenta a la reelección como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de la coalición más amplia Gran Polo Patriótico. Ha construido su campaña en torno a un programa conocido como las “Siete Transformaciones”, que propone nuevas e importantes iniciativas en los ámbitos de la modernización económica, la afirmación de la soberanía nacional, la seguridad, la garantía de los derechos sociales, la participación política, el medio ambiente y la geopolítica. Con ello se pretende mantener la orientación socialista y favorable a los pobres del modelo de desarrollo del país, al tiempo que se promulgan reformas para estimular una mayor actividad económica y contrarrestar el impacto de las paralizantes sanciones estadounidenses.

La oposición está dividida en varios bandos. La mayor coalición de partidos de la oposición se denomina Plataforma Unitaria y está formada por partidos o facciones de partidos controlados por la élite venezolana que fue desplazada de sus puestos de poder como consecuencia de la Revolución Bolivariana. La Plataforma Unitaria ha participado en varias rondas de negociaciones con el Gobierno durante el último año previo a las elecciones y firmó un acuerdo el pasado octubre conocido como “Acuerdo de Barbados”.

En este acuerdo, se otorgaban concesiones a la oposición en cuestiones relacionadas con la organización del proceso electoral y, a cambio, los Estados Unidos accedía a suavizar algunas sanciones relacionadas con las industrias petrolera y minera de Venezuela. El Acuerdo de Barbados estipulaba que sólo se permitiría presentarse a las elecciones a las figuras de la oposición que fueran elegibles según las leyes vigentes. Por el momento, la Plataforma Unitaria no ha elegido candidato o candidata.

Los detalles de cómo se llevará a cabo el proceso electoral, las normas sobre la campaña en los medios de comunicación, la participación de observadores electorales y la actualización de las listas electorales se esbozaron en un acuerdo firmado el 28 de febrero. El acuerdo fue producto del diálogo entre más de 150 organizaciones políticas y sociales y se basó en más de 500 propuestas. Participaron el 97% de los partidos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, funcionarios estadounidenses han presentado este proceso electoral, sometido a tan amplia deliberación y aprobado con tan amplio apoyo, como un atentado contra la democracia.

María Corina Machado y la narrativa del fraude

El enfoque del Gobierno de los Estados Unidos sigue un guión conocido: emprender una campaña en los medios de comunicación y a través de organizaciones internacionales para sembrar dudas sobre la integridad del proceso electoral de forma tan implacable que el resultado pueda presentarse como fraudulento sin importar cuáles sean las pruebas reales el día de las elecciones.

La pieza clave de la narrativa del “fraude electoral” ya está en marcha y gira en torno a la inhabilitación de la opositora María Corina Machado.

Machado es la hija mayor de Henrique Machado Zuloaga, quien fue ejecutivo de Sivensa. Sivensa, una de las mayores empresas siderúrgicas de Venezuela, fue nacionalizada en 2008 bajo el mandato de Hugo Chávez. Desde el inicio de la Revolución Bolivariana, Machado ha participado activamente en la oposición de derecha y ha llegado a apoyar campañas de desestabilización e intentos de derrocar a los Gobiernos democráticamente elegidos de Venezuela. Fue diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela entre 2011 y 2014.

En julio de 2015, la Contraloría General de Venezuela anunció que Machado había sido inhabilitada para ejercer cargos públicos por un período de un año tras no haber declarado el alcance de sus ingresos mientras ocupaba cargos públicos.

Las investigaciones sobre Machado continuaron. En julio de 2023, el diputado de la oposición José Brito solicitó una actualización sobre la elegibilidad de Machado para ocupar cargos públicos, dadas las próximas elecciones presidenciales y su intención declarada de presentarse. La Contraloría General respondió confirmando que la inhabilitación de Machado se mantenía y constituía una prohibición de 15 años por su apoyo a complots de cambio de régimen.

Aunque inicialmente se negó a participar en el proceso, Machado apeló su inhabilitación mediante el procedimiento del Acuerdo de Barbados, que también establecía que todos los candidatos debían defender la independencia de Venezuela y rechazar las acciones violentas contra el Gobierno. En enero de 2024, el Tribunal Supremo de Venezuela emitió una sentencia en la que rechazaba el recurso de Machado contra la inhabilitación.

La administración Biden trató inmediatamente de utilizar la coerción económica para socavar esta decisión de una institución de Venezuela, un Estado soberano.

Como parte del Acuerdo de Barbados, el Gobierno de Estados Unidos emitió licencias a ciertas compañías petroleras permitiéndoles reanudar sus operaciones en Venezuela a pesar de las sanciones. A finales de enero, el Departamento de Estado anunció que las exenciones de sanciones concedidas a estas empresas no se renovarían una vez expiraran el 18 de abril.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación refuerzan sin cesar la posición de que unas elecciones sin Machado no pueden considerarse legítimas. El 30 de enero, pocos días después de que el Tribunal Supremo rechazara su recurso, Machado acudió a la cadena de televisión CNN y fue presentada a los telespectadores como “la principal líder de la oposición venezolana”. Un artículo anterior del Washington Post también es típico de esta narrativa, titulado: “Ella es la favorita en la carrera para derrocar a Maduro. Él quiere bloquearla”. Esta combinación de presión económica y política es lo que ha provocado explosiones de violencia callejera derechista en el pasado, tras las elecciones presidenciales de 2013, cuando Maduro fue elegido por primera vez.

Machado: ¿Operadora del cambio de régimen?

En 2002, tras el efímero golpe de Estado contra Chávez, Machado firmó el decreto que estableció un Gobierno no electo bajo la presidencia de Pedro Carmona, presidente de la Cámara de Comercio. En 2005 se reunió con el expresidente estadounidense George W. Bush en la Casa Blanca para hablar de “democracia” (es decir, del derrocamiento del Gobierno venezolano). Más recientemente, ha sido una defensora y líder clave de los numerosos complots de la derecha para derrocar al presidente democráticamente elegido Nicolás Maduro. Entre ellos se incluyen las protestas conocidas como “guarimbas” de 2014 y 2017, en las que se produjo una violencia extrema contra las fuerzas de seguridad y los partidarios chavistas, así como la destrucción de infraestructuras.

En 2014, Machado fue destituida de su cargo en la Asamblea Nacional tras asistir a una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) en lugar del representante panameño para testificar sobre las protestas de 2014, pronunciarse contra el Gobierno y pedir apoyo extranjero para su causa. La medida fue ampliamente condenada como una violación tanto de la Constitución venezolana como de la legislación panameña, y en respuesta, la sociedad civil panameña y organizaciones del movimiento presentaron una demanda contra ella por usurpar un cargo público.

Machado también ha celebrado la eficacia del régimen de sanciones ilegales impuesto a Venezuela en la aplicación de presión política para el cambio de régimen, y en varias ocasiones, ha pedido aún más sanciones. Las sanciones han tenido consecuencias devastadoras para el pueblo venezolano, bien documentadas por diferentes organismos y relatores de la ONU, organizaciones de derechos humanos y think tanks. La relatora especial de Naciones Unidas, Alena Douhan, señaló que “[e]l propósito anunciado de la campaña de ‘máxima presión’ – cambiar el Gobierno de Venezuela – viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales”.

En 2019, Machado apoyó el impulso del Gobierno paralelo y ficticio de Juan Guaidó para solicitar a la OEA la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) contra Venezuela para poner fin a la “usurpación del poder” por parte de Maduro. La activación del TIAR habría proporcionado una justificación legal para una intervención militar extranjera, (más) sanciones económicas y un bloqueo comercial.

Machado participó y se benefició del saqueo de las empresas y activos estatales que el “gobierno” de Guaidó había incautado ilegalmente como Monomeros y CITGO.

Los Estados Unidos buscan deslegitimar la democracia venezolana

Un repaso de los hechos reales de la carrera política de Machado muestra cómo la verdad es mucho más complicada que la narrativa dominante sobre un Gobierno que reprime sin fundamento a un opositor.

Tras años de inestabilidad política provocada por complots de la derecha para derrocar al Gobierno elegido democráticamente e incluso asesinar al líder, el Gobierno venezolano ha seguido un principio directo: las fuerzas políticas de cualquier variedad ideológica pueden participar en las elecciones siempre que no conspiren con potencias extranjeras para socavar la independencia de Venezuela o sus instituciones soberanas. Esto está en consonancia con las prácticas de todo el mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha prestado mucha atención pública a la cláusula de la 14ª Enmienda que prohíbe ocupar cargos públicos a los culpables de insurrección.

A medida que se acercan las elecciones del 28 de julio, las tensiones entre los distintos elementos de la escena política venezolana están destinadas a intensificarse. Pero la administración Biden se guiará por el mismo objetivo general que ha animado las decisiones políticas de las administraciones demócratas y republicanas por igual: apartar del poder a uno de los más antiguos opositores al papel dominante de Washington en el hemisferio occidental.