De todos los gritos enardecidos que resonaron entre la marea roja que se apoderó de Brasilia el 1 de enero de 2023 (durante la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil) el más significativo y desafiante – especialmente desde la postura institucional del nuevo Gobierno – fue el que reclamaba “¡no a la amnistía!”. La multitud que coreaba esas palabras se refería a los crímenes perpetrados por la dictadura militar en Brasil de 1964 a 1985, que aún permanecen impunes. Lula hizo una pausa en su discurso, para dejar que se escucharan las consignas, y siguió con un mensaje enérgico pero comedido sobre la rendición de cuentas.

La moderación de Lula muestra su respeto por la limitación cívica del ejecutivo, lo que contrasta fuertemente con la noción de estadista del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Al fin y al cabo, una de las características que permiten calificar adecuadamente al “bolsonarismo” como fascismo es la amalgama deliberada entre el ejercicio institucional del poder y la militancia contrainstitucional. Como presidente, Bolsonaro fue más allá de mezclar esos papeles: ocupó el Estado en constante oposición contra el propio Estado. Constantemente atribuyó su ineptitud como líder a las restricciones impuestas por las instituciones democráticas de la república.

Mientras Bolsonaro proyectaba una imagen de hombre fuerte ante las cámaras – lo que finalmente le ayudó a escalar posiciones de poder – mantuvo un perfil bajo en el Congreso. De hecho, su permanencia en el este durante tres décadas da testimonio de su irrelevancia política y administrativa. Su débil ejercicio del poder reveló su incapacidad como líder cuando finalmente asumió la presidencia. Bolsonaro saltó a la fama cuando votó a favor de la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff en 2016.

Antes de emitir su voto, Bolsonaro aprovechó la oportunidad para homenajear al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, condenado por torturas durante la dictadura militar, a quien se refirió jocosamente como “¡el espanto de Dilma Rousseff!”. Ustra fue el responsable de torturar sistemáticamente a la ex jefa de Estado cuando ella, entonces una joven guerrillera marxista, fue encarcelada por la dictadura. Desde ese día hasta la última aparición pública de Bolsonaro – después de la cual huyó del país para dirigirse a Orlando, Florida, antes de la investidura de Lula –, la única formula que encontró para construir su “personaje electoral” fue instigando a sus seguidores mediante discursos incendiarios. Esa combinación dio lugar a un Gobierno impotente, dirigido por alguien que animaba a sus seguidores a vitorearle utilizando el ridículo apodo machista de “Imbrochável” (“el infalible”), un término que, en el habla coloquial, tiene una connotación sexual referida a quien nunca pierde la “potencia”.

Al respaldar la necesidad de rendir cuentas respetando la solemnidad de la presidencia y permitiendo que la gente pida “no amnistía”, Lula devuelve cierta normalidad a la dicotomía que existe entre representante/representado en el marco de una democracia liberal burguesa. Un pequeño gesto, pero que contribuirá a establecer la confianza institucional necesaria para que el fascismo sea sometido a escrutinio. Ahora, la pelota está en el tejado de la izquierda organizada; la urgencia y la radicalidad de la rendición de cuentas dependen de su capacidad para consustanciar teórica y políticamente la consigna “no a la amnistía”.

¿No amnistía para quién? ¿Y para qué? ¿Qué tipo de justicia debe aplicarse a los enemigos de la clase obrera? Qué tipo de justicia debe aplicarse al ex ministro de Salud que, afirmando ser un experto en logística, convirtió Manaos, la capital de Amazonas, en un “laboratorio de pruebas de inmunidad de rebaño” para hacer frente a un sistema sanitario colapsado durante el pico del brote de COVID en Brasil, o al ex ministro de Medio Ambiente que sancionó la brutal colonización de tierras indígenas cambiando la legislación medioambiental; a un Gobierno que apoyó la ampliación del acceso civil a armamento de nivel militar; al fabricante nacional de armas que apoyó tal aberración política y promovió la venta de armas; a la compañía de seguros de salud que llevó a cabo pruebas de drogas no consentidas en los ciudadanos de edad avanzada, mientras abrazaba el lema, “la muerte es una forma de descarga”; al propio Bolsonaro, que entre tantos crímenes, decidió negar repetidamente la ciencia y anunciar la hidroxicloroquina y la azitromicina como curas para el COVID-19; al canciller que utilizó el Itamaraty (el equivalente brasileño del Departamento de Estado estadounidense) para marginar intencionadamente a Brasil en la comunidad internacional, a los propietarios de los medios de comunicación que avalaron o toleraron toda esa misantropía, blanqueando la retórica fascista, y ofrecieron un megáfono para amplificar el racismo, el sexismo, la LGTBfobia y, subyacente a todos ellos, el brutal clasismo.

La lista continúa. Hay tantos crímenes, tantas personas y empresas delincuentes, y tantas víctimas, empezando por las muertes de inocentes a causa del COVID y el trauma sufrido por sus familias, y extendiéndose a todas las poblaciones vulnerables – indígenas, población negra, cimarrones y LGBTQIA+ – que es necesaria una agencia dedicada a investigarlos y perseguirlos a todos. Tal vez la sustancia que debemos inyectar al grito de “no a la amnistía” sea la creación de un tribunal especial. Como sugirió el profesor Lincoln Secco, debería ser el Tribunal de Manaos, llamado así por la ciudad que se utilizó como campo de pruebas para la propaganda antivacunas de Bolsonaro, donde se dejó morir a los pacientes en el punto álgido de la pandemia de COVID. Y es de esperar que el Tribunal de Manaus, observando todos los procedimientos, toda la diplomacia y todos los requisitos legales sea capaz de lograr el resultado histórico que la Asamblea Constituyente de 1988 no consiguió: cerrar las puertas de las instituciones brasileñas al fascismo, para siempre.