En una entrevista reciente, le preguntaron a Brian Nichols (secretario de Estado adjunto de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental) lo que todos quieren saber antes de la Cumbre de las Américas que se realizará en junio de 2022 en Los Ángeles, California: ¿Invitaran a tres países específicos de América Latina (Cuba, Venezuela y Nicaragua)? Nichols respondió sin titubear: no. Hablando en nombre del presidente Joe Biden, añadió además que los países cuyas “acciones no respetan la democracia” (que es como el Gobierno estadounidense clasifica a estas tres naciones y a otras similares) “no recibirán invitaciones”. El comentario de Nichols, aparentemente despreocupado, dicho con la habitual arrogancia de los funcionarios estadounidenses y calificando a los tres países de “régimen[es] que no respeta[n] la democracia”, provocó reacciones en la región que, probablemente, los Estados Unidos no esperaban.

En toda América Latina, la reacción fue inmediata. Líderes como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, el presidente boliviano Luis Arce y la presidenta hondureña Xiomara Castro, así como varios jefes de Estado de la Comunidad del Caribe (CARICOM), entre ellos el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, expresaron que no participarán en la cumbre si se mantenían las exclusiones de Cuba, Venezuela y Nicaragua. El CARICOM ha pedido una cumbre que garantice “la participación de todos los países del hemisferio”.

La insistencia de Biden en continuar la política de exclusión y agresión de los Estados Unidos contra América Latina ha hecho que su cumbre fracase antes de comenzar. Sumido en la controversia y la crítica, el Gobierno de Biden no ha sido capaz de construir un consenso en torno a ninguna agenda común, debido al doble rasero que genera.

Aunque los Estados Unidos ya hayan pasado la página, la región latinoamericana tiene frescos recuerdos de los recientes golpes de Estado y de las tramas intervencionistas del Gobierno estadounidense. Tanto los Estados Unidos como la Organización de Estados Americanos (OEA) ayudaron a diseñar un golpe de Estado en Bolivia en 2019, que derrocó a un Gobierno elegido democráticamente.

No hay Américas sin Cuba

Desde su creación, la cumbre ha sido recibida con escepticismo por los progresistas de toda América Latina debido al papel exagerado o, más exactamente, dominante que desempeñan los Estados Unidos y la OEA con respecto a las invitaciones, la agenda y el enfoque. Sin embargo, este año los Estados Unidos parecen haber subestimado los importantes cambios políticos en la región y su impacto en la legitimidad política de EE. UU.

Los Estados Unidos no parecen haber anticipado ningún desafío a su liderazgo en la cumbre, pero el empuje contra su hegemonía no es una sorpresa para la mayoría de las personas latinoamericanas ni, a nivel global, para quienes han estado siguiendo la política de la región últimamente. Desde la última cumbre de 2018, el mapa político ha sufrido transformaciones radicales. No se trata únicamente de que los Gobiernos progresistas están superando numéricamente a los reaccionarios en toda la región, sino que, además, muchos de ellos surgieron precisamente de un profundo rechazo a los Gobiernos y las políticas respaldadas por EE. UU., y a las condiciones que crean para la gente.

En toda la región, los países cuyos sectores públicos fueron socavados durante décadas por las políticas neoliberales impuestas por los Estados Unidos y el FMI vieron sus sociedades y economías devastadas durante la pandemia del COVID-19. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, debido a la pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza extrema en la región pasó del 13,1% en 2020 al 13,8% en 2021, lo que representa un retroceso de 27 años. Con más de 2,7 millones de muertes por COVID-19, las Américas representan el 43,6% de las muertes globales por COVID-19 a pesar de constituir sólo el 12% de la población mundial.

Los valores atípicos en esta tendencia general de crisis económica y emergencia humanitaria fueron Cuba, Venezuela y Nicaragua, que sufrieron algunas de las tasas más bajas de muertes por COVID-19 en la región y en el mundo, gracias a estrategias integrales que priorizan la salud y el bienestar de sus ciudadanos y ciudadanas por sobre las ganancias económicas.

Esta política se extendió más allá de sus fronteras nacionales. Desde marzo de 2020, Cuba ya estaba enviando brigadas médicas a otros países de la región y del mundo, para apoyar sus respuestas al COVID-19. Tras desarrollar cinco vacunas contra el COVID-19, Cuba ha colaborado estrechamente con otros países del sur global para distribuir la ciencia y la tecnología de las mismas, a fin de promover la producción y distribución localizada; mientras tanto, las empresas farmacéuticas y biotecnológicas estadounidenses como Pfizer y Moderna están obteniendo ganancias récord. En el momento más álgido de la pandemia en Brasil, Venezuela envió oxígeno a la ciudad brasileña de Manaos, que se había quedado sin el vital suministro a pesar de pedir ayuda al Gobierno central, en manos de Jair Bolsonaro.

Se ha hecho evidente que los países de la región tienen todo que ganar al mantener la cooperación y las asociaciones con los países que Estados Unidos declara como sus enemigos.

¿Democracia para quién?

Estados Unidos excusa su política agresiva contra Cuba, Venezuela y Nicaragua citando las supuestas violaciones de los derechos humanos de estos países y las supuestas amenazas que estos países representan para la democracia.

Sin embargo, muchas personas empiezan a preguntarse qué tipo de democracia existe en un país en el que un millón de personas han muerto a causa del COVID-19, 2,2 millones de personas están en prisión (lo que representa más del 20% de la población carcelaria mundial), en donde la policía asesina un promedio de tres personas al día (siendo las personas negras 2,9 veces más propensas a ser asesinadas por la policía que las blancas), y donde se invierten 801.000 millones de dólares en el ejército (Estados Unidos representa el 38% del gasto militar mundial).

La mayor parte de los pueblos de las Américas han rechazado esta hipócrita superioridad moral y la premisa de que los Estados Unidos tienen derecho a decidir quién participa en qué foro y con quién. Por ello, una coalición de más de 100 organizaciones de toda la región se ha unido para organizar la Cumbre de los Pueblos por la Democracia, con el fin de contrarrestar la mal llamada “Cumbre de las Américas”.

La Cumbre de los Pueblos continúa el legado de los movimientos contra el capitalismo neoliberal y el imperialismo estadounidense que han organizado contra-cumbres cada vez que los Estados Unidos organiza su Cumbre de las Américas. La Cumbre de los Pueblos se celebrará en Los Ángeles, California, del 8 al 10 de junio, y pretende reunir las voces de los pueblos que EE. UU. prefiere silenciar y excluir. Activistas migrantes de Los Ángeles subirán al escenario con trabajadores rurales sin tierra de Brasil para debatir sus visiones de la democracia para todos y todas. Activistas feministas de Argentina a Nueva York compartirán estrategias sobre cómo luchar por el acceso al aborto y contrarrestar los ataques de la derecha reaccionaria contra las mujeres y las personas LGBTQ.

Estos tiempos sin precedentes exigen más cooperación y menos exclusión. Aunque lamentablemente el Gobierno de Estados Unidos también denegó las visas a una delegación de 23 personas de la sociedad civil cubana para asistir a la Cumbre de los Pueblos, los lazos entre el pueblo cubano y los pueblos de las Américas son inquebrantables y, a pesar de sus esfuerzos, EE. UU. no podrá silenciar las aspiraciones de los pueblos.

Para las Américas, que están en la cúspide de tiempos de transformación, la era de la Doctrina Monroe ha terminado.